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DIFUNET.- Desde su creación en 1972 los fondos de vivienda y a partir de 1992 el ahorro para el retiro de los trabajadores han sido cajas chicas de los gobiernos federales en turno, denunció la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), la cual recordó que existe un pasivo acumulado de 9.9 billones de pesos y hoy no existen recursos para pagar las pensiones.
Todavía más, recordaron que el gobierno federal está a la búsqueda de que los trabajadores realicen aportaciones voluntarias para tener una mejor pensión, lo que no pasará, afirmó Horacio Zacarías, porque el Sistema de Ahorro para el Retiro está quebrado.
Recordaron que desde febrero han denunciado el desfalco que el Estado Mexicano ha hecho con los fondos de pensión de millones de trabajadores, un robo que ha sido encubierto a partir de la opacidad con la que hasta ahora se han manejado incluso el cauce de las demandas presentadas.
Al respecto, Horacio Zacarías, presidente de OJUPE-UNAM, indicó: “Aquí puede haber un fraude o administración fraudulenta, por lo que no hemos descartado la posibilidad de hacer una denuncia penal en contra del ISSSTE y de quien resulte responsable, incluso no descartamos una demanda por la vía mercantil”.
Destacaron que el IMSS, INFONAVIT y FOVISSSTE, se han vuelto recaudadores de la Secretaría de Hacienda, una caja abierta para el gobierno en turno y una deuda que crece diariamente a costa del bienestar de los trabajadores.
A su creación los fondos de vivienda que se acumularon con el 5% del salario del trabajador a cargo del patrón, decía que dichos fondos no iban a causar intereses a favor de los trabajadores. Sin embargo, todo ente financiero está obligado a conservar el valor de los bienes que se depositen en cualquiera de sus especies, y, además, tiene la obligación de pagar un interés.
Tanto la ley del INFONAVIT como la del FOVISSSTE establecían que aquel trabajador que no fuera beneficiario de un crédito hipotecario, a los 10 años se le devolvería su dinero; sin embargo, en 1982 se reformó esa parte de ambas leyes para no devolverle el dinero a los trabajadores, comenzando ahí con un robo continuo hasta el día de hoy.
En la nueva reforma, ahora de 1983, se establecía que los trabajadores recibirían un fondo acumulado, más un tanto más, es decir, un ciento por ciento más de lo acumulado. Pero tampoco se cumplió.
En 1992 para el INFONAVIT y en 1993 para el FOVISSSTE, se instauró una nueva reforma donde ya no se pagaría el doble, sino que los fondos conservarían el valor real, es decir, se pagaría lo que establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor más un interés anual dividido en 12 mensualidades.
En 1992 también nació el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro que contempla tres subcuentas: la subcuenta de ahorro para el retiro con 2%, la subcuenta de ahorro voluntario con la cantidad que el trabajador quiera ahorrar y la subcuenta de vivienda con 5%.
Nuevamente en 1997 se modificaron la Ley del INFONAVIT, la Ley del IMSS y la Ley Federal del Trabajo, logrando así jinetear nuevamente el dinero que por ley pertenece a los trabajadores. Y 10 años después, en 2007 se dio nuevamente una reforma a la Ley del ISSSTE y es cuando se crea PensionISSSTE, que es un tipo de Afore sui generis, a donde llegan los fondos que había en los bancos.
En cambio, el sistema TurISSSTE fue utilizado para pagar los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, cuando legalmente no debía contratar dichos servicios.
De acuerdo con información vertida en medios de comunicación, se realizaron gastos de 124 millones de pesos por el espectáculo multimedia ofrecido en la fachada del Palacio Nacional en 2009 y 72.5 millones de pesos por gastos en los eventos alusivos al 15 y 16 de septiembre, repartidos entre el desfile, ceremonias, así como lo relativo a la Estela de Luz en Reforma y causó gran revuelo por las diversas irregularidades en su construcción.
Finalmente advirtieron que el bienestar de los trabajadores que al no saber a ciencia cierta cuál es el monto correcto de sus aportaciones, al momento de su jubilación está condenado a recibir una cantidad inferior para su retiro, condenándolo a recurrir a otras fuentes de ingreso que le permitan completar la precaria renta que recibirá al momento de su retiro o condenándolo a trabajar por el resto de su vida.
Incluso mostraron algunos ejemplos como el de Marco Antonio Torres, trabajador que tuvo 30 años de servicio en dos entidades distintas como la UNAM y la SEP y de acuerdo con su liquidación, al realizar cálculos actuariales, habría ganado sólo 100 mil pesos en toda su vida productiva, lo cual implica que gran parte de su fondo de vivienda y ahorro se quedó en algún lugar, pero no en su cuenta.
Exigieron a las autoridades: “Tenemos confianza en lo que debe ser la justicia de derecho, pedimos que cumplan con el Estado de Derecho y cumplan con las leyes que están establecidas”, finalizó el presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), Horacio Zacarías.