La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas contamos con información en el sentido de que se han agudizado las acciones de criminalización contra el ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria, especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila.
Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.
Estas acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región realizaran como acción de protesta y llamamiento a la negociación el bloqueo de la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila.
Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive en la región.
De acuerdo con la información obtenida directamente en la región, y en virtud de los antecedentes que referiremos, existe una preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o grupos delictivos.
Recordamos que precisamente con motivo de la detención de Cemeí Verdía, uno de los líderes de la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la comunidad de Santa María Ostula que dejaron un saldo de un niño privado arbitrariamente de la vida presuntamente por elementos castrenses, varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas.
A las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes.
Tenemos conocimiento de las múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que han elevado las comunidades de la región, sin que se hayan encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes. Esta omisión se extiende a las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como responsables de estos hechos.
Hacemos un llamado al gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el diálogo, atendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción.
En el mismo sentido, llamamos al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra, así como que se asegure un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados.
