Por Julio C. Gambina ⁄ FOTO: SOStenible
ALAI AMLATINA.- La Corte Suprema de Justicia validó por mayoría el 2×1 (beneficio a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad), habilitando la libertad de los condenados por sus responsabilidades en el genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la disposición y que al mismo tiempo existe un amplio rechazo social y político.
En rigor, se vuelve a tensar a la sociedad en torno al “juicio histórico”, no solo el “juicio legal”, sobre los acontecimientos suscitados hace más de 4 décadas y que involucraron a militares, a civiles, a religiosos y muy especialmente a sectores económicos que se beneficiaron con los cambios estructurales acaecidos desde entonces y que sustentan aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.
Remito a cambios que fueron profundizados en distintos momentos en estos años, bajo administraciones constitucionales, tanto en los 90´ como en la actualidad y por eso nos convoca a repensar la relación entre terrorismo de Estado, orden económico y coyuntura.
La obcecada decisión de disciplinar el conflicto social y sindical, negando actualización salarial por la diferencia entre la inflación y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la proyección reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el 2017, da cuenta de una continuidad esencial entre el propósito de aquellos años de plomo y el presente.
Ofensiva contra trabajadoras y trabajadores
En 1975/76 y los años siguientes se instaló un propósito que con matices se proyecta a nuestros días. Se trataba de disminuir el costo de producción afectando los ingresos salariales para inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector más concentrado de la economía.
Más allá de relativas recomposiciones en ciertos momentos de estos 42 años, la tendencia principal, en sentido histórico es una menor participación del salario en la distribución funcional y personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del Estado que deterioró su función social destinada a asegurar derechos de educación, salud, empleo, etc.
Los cambios estructurales en el orden económico social enunciados en el programa económico de la dictadura genocida se materializaron en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos, más allá de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo histórico.
Por eso, cada vez que se puede, el sistema político responde al mandato de las clases dominantes y persiste en el rumbo estratégico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en la relación con las patronales.
No debe sorprender la actitud contra los docentes en todos los niveles, incluso en estas horas la presión sobre el sindicato y los trabajadores del sector lechero para atender el financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.
Disciplinar social, sindical y políticamente es imprescindible para abrir paso al programa de máxima del sector hegemónico en la economía local y por eso la intervención del Gobierno ante el conflicto, negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo de seguridad y una fuerte iniciativa ideológica y propagandística para deslegitimar las demandas salariales y laborales.
Necesitan explicitar la estrategia para convencer a potenciales inversores que demandan desarticular un elevado nivel de sindicalización que existe en Argentina, con relación a lo que acontece en la mayoría de los países del mundo. Recordemos que hace ya unos años, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la reunión anual de la OIT la eliminación del derecho a huelga.
Lo que se pretende desde los tiempos del terrorismo de Estado apunta a desarticular la organización sindical en el país y su trayectoria histórica plural de conflicto y “paro general”, no necesariamente usual en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad de las direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la historia reciente y verificar que el último paro nacional debió ser arrancado ante la escasa convicción de la dirigencia tradicional.
El poder detrás del poder
Los poderes del Estado, en consenso unánime o con matices retoman el sentido histórico del plan reaccionario de 1975/76, cuyos resultados son el crecimiento de la desigualdad, lo que supone creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos. Los últimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por ingresos y que para menores de 14 años alcanza al 45% de la infancia.
Junto a ello se destaca la extranjerización de la producción que tributa a una acumulación mundializada definida por las transnacionales en las distintas actividades de la economía local.
Vale destacar que la desigualdad es simultánea a la dependencia de la Argentina, la que se consolida con las relaciones subordinadas al curso restaurador que supone la ofensiva liberalizadora en estas horas en todo el continente y en el mundo.
Los integrantes de la Corte Suprema fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Poder Legislativo, lo que afirma el carácter republicano del orden capitalista en el país.
Pretendo llamar la atención de una lógica subyacente en la decisión del máximo tribunal del Poder Judicial, coherente con la búsqueda del poder “real”, detrás de las formas de la democracia electiva e institucional (constitucional).
Con la reforma judicial en curso, con antecedentes desde el comienzo de la Dictadura genocida se busca otorgar “seguridad jurídica” a los inversores, el poder detrás del poder, a contramano de la seguridad social masiva que inspira una concepción solidaria de derechos humanos integrales para toda la sociedad.
Esa seguridad supone la impunidad con los dueños del poder y aquellos sectores que fueron o son funcionales para la ejecución del plan del poder sustantivo.
Resulta imprescindible denunciar el fallo de la Corte y bregar para su revocación, al tiempo que se profundiza la promoción de los juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio y la regresiva reestructuración económica y social operada desde 1975/76, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo construido desde entonces con la secuela de beneficiarios y perjudicados.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2017
Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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