Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: CODICS
Es como un sonsonete que no deja de martillar los sentidos, una y otra, y otra y otra vez, año con año, sexenio tras sexenio, gobiernos de un color y otro, funcionarios altos y bajos, con educación y sin ella; todos confluyen en afirmar el progreso y desarrollo del campo mexicano y el entero compromiso que tienen con los habitantes del medio rural, aquellos que producen los alimentos que abastecen ciudades y pueblos.
El caso es que, también, año con año y sexenio tras sexenio, aumenta la pobreza y la marginación en la población campesina e indígena a grado tal que resulta ocioso hablar de estadísticas, que aún hechas a modo por las dependencias gubernamentales, no pueden esconder una realidad que cada día se desborda por caminos y brechas, ya no sólo del campo, sino también de las ciudades.
Federico Ovalle Vaquera es secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se asume como hombre de campo porque no le saca la vuelta a barbechar la tierra y levantar la cosecha, y por lo mismo le indigna lo que sucede en la actualidad de los agricultores de baja condición económica. Este es el tópico de la entrevista con el dirigente campesino.
Inicia con un análisis preciso y suelta: “el gobierno federal argumenta en sus documentos, como el plan sectorial de la SAGARPA 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial Concurrente 2014-2018, que se llevan a cabo todas las acciones que conduzcan a apoyar a las pequeñas unidades de producción, pero toda la arquitectura de la política agropecuaria está diseñada para excluir al campesinado”.
Y hace una reflexión sobre su decir, para comentar que el gobierno federal calcula, como los conquistadores españoles cuando llegaron, que somos seres limitados, condicionados por fuerzas y valores inferiores, pero de acuerdo a los científicos comprometidos con el desarrollo rural mundial y nacional de prestigiosos universidades, institutos, centros de investigación, docencia, servicio y difusión de la cultura, somos, las pequeñas y muy pequeñas unidades de producción, los que producimos los alimentos que consume la humanidad.
¿Y, entonces, los recursos presupuestales a dónde van a parar?
El gasto rural se ha orientado a bienes privados, que como se sabe son gastos que benefician a personas, lo cual no está del todo mal, pero no generan desarrollo rural. Ese es el caso de incentivos a la comercialización que favorece de manera indiscriminada a los grandes grupos empresariales. En el Proyecto del Programa Especial Concurrente 2016 (PPEC 2016) el porcentaje que representan los bienes privados es de 64%. Lo que quiere decir que, como cada año, la mayor cantidad de recursos financieros van para los bienes privados, siendo que la propia teoría económica y las experiencias en nuestro país, nos indica que esto no repercute en un bienestar social.
¿Cuánto de la inversión pública va al sector social del campo?
Bueno, una de las claves es que el gasto rural se oriente a bienes públicos, es decir, son gastos que tienen un carácter de ser servicios de utilidad general, no excluyen a ningún beneficiario. En el PPEC 2016 el porcentaje del gasto destinado a bienes públicos es del 32%.
Otra clave, precisa Ovalle, para promover el desarrollo de las muy pequeñas unidades de producción que en su mayoría están en el rango de entre menos de una hectárea a 5 hectáreas, es reorientar los gastos al fomento productivo. Los bienes públicos de fomento productivo son aquellos como la infraestructura, caminos, almacenamiento, irrigación, ampliación del capital tecnológico, capacitación, comercialización certificación de calidad, entre los principales.
Se hacen las cosas al revés ¿Cómo enderezar el camino?
Sí se quiere tener un impacto real en el sector rural mediante el gasto público, los papeles se tienen que invertir, en cuanto a que se debe de destinar mayor presupuesto en los bienes públicos y menor presupuesto en los bienes privados, eso quiere decir que urge una reorientación de éste, destacando la actividad educativa como uno de los bienes públicos más importantes.
En cuanto al gasto operativo (del programa), que solo representa 4% del PPEC 2016, reducirlo en esta clasificación no repercutiría de manera significativa en beneficio de los campesinos, por lo cual sería un esfuerzo innecesario y con fines mediáticos para que el gobierno dé la impresión de buen manejo o asignación de los recursos gubernamentales ante la población, pero hasta ahí.
El tema es que, como lo plantea Federico Ovalle, ya los organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la FAO, proponen impulsar y apoyar la producción agrícola y pecuaria de traspatio, por llamarle de alguna manera a los micro y pequeños productores, puesto que han demostrado su eficacia y eficiencia para garantizar el abasto de alimentos en las regiones donde se práctica.
Pareciera, más bien, que el Gobierno y las autoridades de México hacen oídos sordos a esas propuestas y a las iniciativas de las organizaciones campesinas, para enfrentar el agudo problema de abasto que se vive en el país, donde la importación de alimentos alcanza el 50% del consumo nacional.
