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CODICS.- México vive una total anarquía en los procesos productivos de los sistemas-producto que rigen el campo, como sucede con 11 alimentos básicos, afirma José Jacobo Femat, presidente Nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).
La sustitución de la producción nacional por importación de maíz, frijol, trigo, arroz, oleaginosas, carnes y otros alimentos, no solo ha provocado la disminución del número de hectáreas en producción que se redujeron de 28 a 22 millones, también provocó el desempleo y la migración de seis millones de jóvenes campesinos a las ciudades o a los Estados Unidos, además de generar bajos ingresos económicos por la disminución de precios de cosecha, marginación social, atraso académico, tecnológico y violencia, precisó.
El dirigente de la COCYP puntualizó que no sólo estamos importando 14 millones de toneladas de maíz en grano para la industria forrajera y otros procesos industriales, también, consumimos diez millones de toneladas de maíz transformado en productos terminados, en detrimento de la planta productiva nacional, primaria y secundaria.
Parafraseando al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo queremos un piso parejo para todos los campesinos y productores de México.
Queremos que las políticas públicas para el campo mexicano se sustenten en el marco jurídico nacional, que sean equitativas, justas e incluyentes, que generen certidumbre a la población y propicien no solo el desarrollo económico productivo, sino también el desarrollo y bienestar de la familia rural.
José Jacobo Femat propuso al Gobierno federal una política económica integral, justa, equitativa e incluyente para el campo, en 20 puntos básicos.
Lo inmediato, dijo, es “construir una política económica integral con base en el marco normativo nacional, especialmente en los objetivos, metas, estructuras y diseño que plantea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”.
Asimismo, que ésta impulse el desarrollo rural, para que cuente con programas transexenales, con presupuestos multianuales, libres de corrupción y colores de partidos políticos.
Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, privilegiar acciones para fortalecer la producción nacional en los 11 productos básicos señalados, para garantizar la dieta alimenticia y nutricional de los mexicanos y todas las actividades industriales, indicó.
Asimismo, se debe, añadió, recuperar y poner en producción seis millones de hectáreas de tierra en cultivos básicos fundamentales para la alimentación y la industria.
Implementar y garantizar un programa permanente de capacitación y acompañamiento profesional a todos los productores rurales, que permita elevar rendimientos productivos por hectárea o explotación en por lo menos 50%, será básico, consideró.
El también miembro de la Comisión Política de la CONORP, señaló que se requiere regulación ambiental estricta a los aprovechamientos mineros, hídricos, petroleros, forestales y otras actividades industriales, en razón de proteger el medio ambiente y la biodiversidad nacional.
Construcción de empresas nacionales para la producción y abasto de insumos a la producción agroalimentaria como son: fertilizantes, semillas, agroquímicos, tractores, maquinaria e implementos necesarios, y comercializadoras del sector social, es impostergable, dijo.
Además, se debe establecer un sistema de precios justos, que garanticen recuperación de la inversión productiva y un alcance real de por lo menos 40% de la inversión en renta de tierra, mano de obra y utilidad real.
La construcción de canales de comercialización directa productos-mercado, a fin de eliminar la cadena de intermediación y garantizar mejores resultados económicos a la familia rural, tendría que ser una política de Estado, opinó.
Igualmente, la aplicación estricta de la Ley Federal del Trabajo, para eliminar el trabajo infantil en campos de cultivo, garantizar el derechos de los niños a la educación, salud y alimentación, añadió.
Garantizar salarios justos y jornadas apegadas a Derecho con prestaciones sociales que garanticen a jornaleros un ingreso económico real, más prestaciones sociales jubilación y retiro digno, en las mismas condiciones que los campesinos con tierra.
Para el dirigente de la COCYP, el campo mexicano requiere del diseño y aplicación de una verdadera política económica para el desarrollo rural sustentada en la cosmovisión de nuestro pueblo-nación. “Una política económica integral, que sea incluyente, equitativa, que fomente el desarrollo productivo”.
Advirtió que, depender de la importación de productos fundamentales como el maíz, no solo coloca en riesgo la soberanía alimentaria de todos los mexicanos, también nos hace dependientes en muchas ramas industriales del país, al ser un producto cuyos derivados son vitales para numerosas empresas nacionales y trasnacionales.
Esta dependencia alimentaria nos genera cambios culturales en la convivencia social, consumo de alimentos, conductas individuales, derechos humanos, competencia desigual, lo cual representa una subordinación cultural, ideológica, tecnológica, alimenticia, económica y política de la nación, concluyó.
