Por Ernesto Perea ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
Ante la presunción de que un grupo muy importante de empresas en México, Perú y posiblemente otros países, forman parte de cadenas industriales donde se “lava” madera ilegal, que abastece 60% del consumo nacional, organizaciones forestales y civiles hicieron un llamado urgente al Senado mexicano para abrir la discusión sobre el contenido de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Tras el reporte “El Momento de la Verdad” dado a conocer hace unos días por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el cual documenta que en años recientes un volumen muy considerable de madera de procedencia ilícita del norte amazónico peruano ha sido transportada hacia Estados Unidos, México y República Dominicana, las organizaciones también se pronunciaron porque el gobierno federal y el Legislativo inicien las investigaciones correspondientes.
El “lavado de madera” en México no sólo perjudica a las selvas del Amazonas, también a las empresas forestales comunitarias, alienta el mercado ilegal en este país y provoca la destrucción de nuestros bosques, manifestaron en un comunicado el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Consideramos muy importante que los legisladores abran la discusión de la ley para incorporar de manera contundente el tema de la legalidad del mercado forestal, y que los aspirantes a puestos de elección popular, particularmente aquellos interesados en ser legisladores se pronuncien al respecto”, subrayaron.
Refieren que aun cuando el reporte del EIA señala que ha habido evidencia concluyente del origen ilegal de embarques de madera importada, ha sido liberada por la Administración General de Aduanas del SAT, al parecer por vacíos legales que no obligan al gobierno mexicano a verificar la legal procedencia y a actuar solo ‘de buena fe’, lo cual naturalmente es aprovechado por los traficantes de madera.
También en el reporte se anota que las presiones para que el gobierno de México libere la madera incautada vienen tanto de algunos funcionarios del gobierno peruano como de las empresas exportadoras e importadoras de Perú y México.
Las organizaciones enfatizan que la información del EIA y la IMEXFOR confirman que las estimaciones de Semarnat y Profepa de que una buena parte del volumen de madera que se consume en México es ilegal y de que sería procedente tanto de territorio nacional como de otros países, como Perú.
Consideran “muy preocupante” que el mercado mexicano consuma sistemáticamente madera de procedencia ilegal y así contribuya a la destrucción de los bosques del planeta, en particular de la selva amazónica, considerada el mayor pulmón del mundo, a la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y, por lo tanto, al Cambio Climático.
El mercado de madera ilegal es un obstáculo para las empresas forestales comunitarias mexicanas, pues constituye una fuerte competencia en desigualdad de condiciones y de costos y uno de los principales factores de la deforestación y degradación forestal.
Las organizaciones hacen un llamado a que la legislación y normatividad en México sean revisadas de inmediato para incorporar aquellas disposiciones que impidan que nuestro territorio siga siendo destino de importaciones de madera ilegal, para ello es fundamental que los Senadores abran la discusión sobre la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Resaltan que el Legislativo debe iniciar la revisión de acuerdos bilaterales con Perú y otros países tropicales, para “blindar” el comercio contra el tráfico de madera ilegal; la autoridad ambiental tiene que iniciar de inmediato trabajos para establecer mecanismos de supervisión del abasto, la transformación y comercialización de madera y productos derivados, que permitan dar certidumbre de su legal procedencia.
En este sentido, agregan, una certificación de legal procedencia o un sello de productos “libres de madera ilegal” es urgente y es importante no confundirlo con las certificaciones de buen manejo forestal como es el FSC o el estándar mexicano, ni con los certificados de inocuidad fitosanitaria que son los únicos que requiere la autoridad mexicana hoy.
También deben instrumentarse de inmediato medidas suficientes para asegurar que las compras de gobierno sean de productos legales, incluyendo en esto la cadena de abasto y la PROFEPA debe lograr un compromiso formal de la IMEXFOR para garantizar, de manera fehaciente y documentada, que sus operaciones sean sólo con madera de legal procedencia, más allá de la buena fe.
