Por Tere López Zamudio ⁄ FOTO: e-Legislativo
e-Legislativo, Ciudad de México.- La recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de la empresa francesa Veolia, es la coincidencia a la que por separado llegaron la investigadora Elena Burns, representante de la organización civil Agua Para Todos y el coordinador de los diputados de Morena ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto.
Dos de los más serios opositores a la nueva Planta de Termovalorización de la Ciudad de México y de la nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Capital, concordaron en que la urgencia para aprobar ambos procesos de ley oculta serios intereses económicos a costa de las finanzas públicas de la ciudad e incluso del bienestar público de los capitalinos.
“No tienen ningún interés en ayudarle a la gente, su interés está en dejar, antes de salir, negocios multimillonarios por 30 años a costa de la economía, del medio ambiente y de la salud de los capitalinos. Miguel Ángel Mancera quiere dejarnos el acto de corrupción más grande en la historia de la ciudad”, aseguró el diputado Cravioto.
A decir de la también coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana, Elena Burns, son los intereses de las grandes empresas las que aceleraron la aprobación de la nueva ley de aguas, a fin de celebrar contratos antes de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, el año próximo.
“El principal objetivo de esta ley es firmar concesiones a largo plazo para la gestión del agua a favor de intereses privados, de modo que, si el siguiente gobierno intenta cancelar los contratos, este tendría que pagar una indemnización y las empresas beneficiarias podrían acudir a los tribunales para defenderse y hacer valer los contratos”, señaló la investigadora.
A decir de la investigadora, el riesgo radica en que tanto Veolia como Suez, dos grandes pulpos internacionales en el manejo de sistemas ambientales, mantienen un historial de quejas, abusos, altas tarifas y mal desempeño, lo que ha provocado su expulsión de distintos países.
Sin embargo, Veolia, a través de su filial Proactiva Medio Ambiente, parece ser la consentida del gobierno de la Ciudad de México, pues apenas en febrero de este año renovó contrato por 5 años más para mantenerse al frente de la Gestión del Sistema Comercial de agua.
Así, Proactiva Medio Ambiente es la responsable de operar y gestionar el sistema comercial de agua de la capital, incluidos los servicios de recaudación, cobranza, atención al público, lectura, mantenimiento e instalación de medidores, análisis de consumo, tratamiento y rehúso de aguas residuales, así como la facturación en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Más llamativo resulta que Veolia sea la empresa ganadora de la licitación pública para la Planta de Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos, manzana de la discordia al interior de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde dicho proyecto provocó hace dos semanas la confrontación entre las bancadas de MORENA y el Partido de la Revolución Democrática, con la amenaza de parálisis legislativa.
El contrato ganado por Veolia para la Planta de Termovalorización se fijó por un mínimo de 33 años y pretende procesar las 13 mil toneladas de basura que la Ciudad produce diariamente y con ella generar energía suficiente para dar servicio a las 12 líneas del Metro, a cambio de una contraprestación por 2 mil 350 millones de pesos por año que el gobierno local pagaría a la empresa gala durante el tiempo que dure el contrato.
Más allá del alto costo que estarían obligadas a cubrir las siguientes administraciones de la capital, la Planta de Termovalorización ha levantado suspicacia pues en lugar de que el gobierno pague por el servicio de energía a la Comisión Federal de Electricidad, lo hará a una empresa privada.
En este sentido, Cravioto Romero explicó que en el caso de la Planta de Termovalorización, “la chimenea” como él le dice, existen varios aspectos del contrato que van en contra del bienestar de la ciudad, comenzando por la obligación de mantenerlo vigente durante los siguientes 30 años, lo que impediría al Sistema de Transporte Colectivo Metro acceder a mejores formas de generación de energía.
Sin embargo, parece más grave que en el mismo contrato se prevea que la nueva Planta de Termovalorización estará eximida de afectaciones ambientales cuando alude a su operación; es decir, en caso de contingencia ambiental, la planta no suspendería operaciones y continuaría incinerando basura a pesar de que los capitalinos tengan que suspender el uso de sus autos o deban permanecer encerrados en sus casas.
“Dice un refrán muy claro, lo que no es lógico es metálico”, afirmó el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional ante las discrepancias aprobadas por los asambleístas en la licitación ganada por Veolia para construir la planta de Termovalorización.
“Estamos hablando de 100 mil millones de pesos que va a costar a la Ciudad este negocito de Mancera durante los próximos 30 años. Pero más grave es que si en 5 o 10 años hay mejores tecnologías, la ciudad ya está comprometida a pagar a esta empresa privada”, señaló el diputado Cravioto.
El legislador expresó a e-legislativo que el peor costo para la ciudad será el ambiental, pues en el contrato se garantiza la operación de la planta las 24 horas del día, de los 365 días del año, durante los próximos 30 años aun cuando exista contingencia ambiental; no obstante, anticipó que de llegar Morena al gobierno de la capital estarán dispuestos a pagar el costo de cancelar el contrato con Veolia.
Cabe mencionar que grupos ambientalistas como Greenpeace se han manifestado en contra de la Planta de Termovalorización por considerar que en su proceso no logra reducir los gases de efecto invernadero y puede generar sustancias tóxicas, y atenta contra el derecho a un ambiente sano y suma mayores riesgos a los problemas de contingencia ambiental.
“Veolia y Suez son empresas francesas que fueron expulsadas del país donde nacieron por el mal uso de recursos. El primer año que los corrieron, la ciudad de París ahorro más de 8 millones de euros y bajó las tarifas a la población. Hay 235 ciudades en el mundo que cayeron en la privatización y ya tuvieron que dar marcha atrás, en algunos casos con Suez y Veolia”, comentó la Doctora Elena Burns y es que tanto Veolia como Suez fueron multadas en 2007 en Francia por varios millones de pesos al detectar un acuerdo entre ellos para repartirse las licitaciones.
Pero también Alemania dio reversa al proceso de privatización del agua, luego de que Veolia, en 1994, bajo la denominación de Vivendi Enviroment, protagonizó el control de capitales privados sobre el agua de Berlín, bajo un modelo de alianza público-privada que por varios años exhibió un esquema donde la principal beneficiaria de la gestión hídrica era la empresa privada.
Así, en un periodo de 5 años los beneficios que generó Veolia a través del negocio del agua llegaron hasta 500 millones de euros, mientras la ciudad de Berlín recibía sólo 170 millones; no obstante, las consecuencias sociales no se hicieron esperar y la pérdida de empleos, el aumento de tarifas y la reducción en las inversiones de infraestructura, generó descontento social y derivó en serias protestas.
Por fin, en 2011 la ciudad de Berlín mediante un referéndum logró que se diera reversa al proceso de privatización y el Senado alemán recuperó las acciones entregadas a Veolia, luego del pago de 590 millones de Euros por el 24.9% que tenía en sus manos y otros 618 millones para la RWE Aqua LTD, que poseía el otro 24.9%.
“Tenemos que aprender de esas experiencias, hoy la Ciudad de México no tiene necesidad de entregar a privados la gestión del agua y menos cuando su nueva Constitución incluye la garantía al acceso equitativo y sustentable”, insistió la investigadora, quien subrayó que la urgencia de estas empresas era amarrar un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución de la capital, la cual prohíbe explícitamente el lucro con el agua.
La investigadora puso como ejemplo el caso de Puebla, donde la entrada de capitales privados en la gestión del agua ha dado como resultado un aumento de tarifas y la suspensión de servicios de suministro de agua y drenaje cuando se acumulan dos pagos sin cumplir, de modo que tan sólo en 2006 cortaron el suministro a más de 100 mil hogares.
Así también, destacó que en la ley aprobada por el congreso local no está prevista ninguna forma de sancionar o retirar la concesión a las empresas que no ofrezcan buenos servicios y también señaló la alta probabilidad de que los contratos se mantengan reservados a los ojos públicos, como hoy ocurre en el caso de Puebla.
No obstante, la diputada Janet Hernández Sotelo explicó que durante la discusión del dictamen de la nueva Ley Hídrica priorizaron la búsqueda de consenso para hacer explícito el derecho humano al agua e impedir que la transformación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México sea privatizada, “el punto sensible estaba en lograr que no se conceptualice al SACMEX como un organismo de carácter descentralizado, pues sería sinónimo de privatización”, precisó la asambleísta.
En sentido similar y una vez aprobada la nueva Ley Hídrica, el presidente la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada descartó una privatización del agua porque la nueva ley busca potenciar la distribución y abasto del agua, pensando en una planeación de largo plazo que contemple acciones y montos de inversión para dotar de mejores servicios de infraestructura, calidad y abasto de agua para toda la capital.
Y explicó que la nueva ley si contiene un esquema para evaluar el cumplimiento de las metas planteadas en el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos, así como la participación de una contraloría ciudadana responsable de vigilar el manejo de los recursos y la rendición de cuentas.
No obstante, para el diputado Cravioto la nueva ley representa un proceso de privatización silenciosa y le abre las puertas al sistema de Aguas para suscribir contratos con empresas y subrogar el servicio por más de 30 años.
“Cada ley es un negocio nuevo de Mancera. Pero que les quede claro a Veolia y a sus socios mexicanos, Morena los va a denunciar, los vamos a combatir legalmente y si gana Morena la ciudad ese proyecto no se va a realizar porque no se vale jugar con la salud de los capitalinos para que hagan su agosto”, insistió Cravioto
También el diputado David Ricardo Cervantes acusó que tanto en el caso de la Planta de Termovalorización como en la nueva Ley Hídrica, el gobierno de la Ciudad de México está actuando para proteger intereses económicos y políticos, de empresas extranjeras explotando los recursos nacionales.
“Por eso aprobaron ilegalmente la creación de la Planta Termovalorizadora, por eso aprobaron la privatización del agua de la Ciudad”, insistió y dijo que la bancada de Morena está dispuesta a tomar la vía jurídica para garantizar los derechos humanos de los capitalinos y denunciar las irregularidades suscitadas en el proceso legislativo durante las últimas semanas.
A su vez, la doctora Elena Burns informó que la tarde del martes 22 de noviembre interpusieron los primeros amparos contra la aprobación del dictamen de Sustentabilidad Hídrica, toda vez que durante la discusión legislativa pasaron por alto el derecho de los pueblos originarios respecto al manejo de cuencas y cauces naturales, lo que representa una violación a su derecho de autodeterminación.
La Ley de Sustentabilidad Hídrica dota al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) de personalidad jurídica y patrimonio propio, y le otorga autonomía técnica y de gestión al pasar de Órgano Desconcentrado a Organismo Público Descentralizado.
Se crea también la Junta de Gobierno, que presidirá el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y estará integrada por los titulares de las secretarías de Gobierno, Obras y Servicios, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Finanzas, Ciencia y Tecnología, Agencia de Gestión Urbana, y el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
El SACMEX contará con un consejo técnico asesor y sus principales funciones serán de asesoría y consulta y contará con una Contraloría Ciudadana conformada por usuarios y especialistas cuya función será coadyuvar en los procesos de fiscalización.
