FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
CODICS.- Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, a nombre de 11 organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, expresó el rechazo a la nueva oleada de reformas estructurales que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los pueblos y comunidades de todo el país, particularmente, en los estados de Puebla y Tlaxcala, situación que se agrava con la tolerancia e impunidad frente al crimen organizado que se extiende con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, con la oleada de feminicidios, así como con la ordeña de ductos de PEMEX.
En ese sentido dijo que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la nueva Ley General de Biodiversidad y el anuncio de la probable aprobación en el Congreso de la Unión, de la nueva Ley General de Aguas, traerá mayor conflictividad en las zonas indígenas de Puebla y Tlaxcala.
Expuso que en los estados de Puebla y Tlaxcala se manifiestan las luchas de las comunidades contra los permisos otorgados a la industria energética trasnacional para la perforación de más de mil pozos de fracking en la Sierra Norte de Puebla, pero también las de los pueblos que pelean y se organizan contra la instalación de ductos de gas y petróleo en los bosques mesófilos de montaña de la Sierra de Pahuatlán, contra el gasoducto Tuxpan-Tula y en el sur-poniente del estado de Puebla contra el gasoducto Morelos.
Asimismo, en la Sierra Nororiental de Puebla, se acentúan los conflictos con las comunidades y organizaciones afectadas por las concesiones otorgadas para la instalación de minas a cielo abierto de empresas como Autlán, Frisco, Almaden Minerals.
“Vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, como ya ocurre con los ríos, arroyos y canales en ambos estados, tal y como se desprende de la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los tres niveles de gobierno”, ejemplificó.
En el caso de la probable aprobación de la nueva Ley General de Aguas, no sólo se legalizará el despojo y la depredación hídrica en el manejo de las cuencas y los acuíferos del país, sino que, con base en un discurso pretendidamente “protector del derecho humano al agua”, violará precisamente ese derecho y muchos otros, al promover la criminalización de las comunidades y organizaciones que hoy día defienden los ecosistemas hídricos o luchan por recuperarlos y restaurarlos, al convertir a los defensores del agua en criminales: “violadores de derechos humanos”, si se oponen a los proyectos de fracking o de trasvase de agua en bloque entre cuencas.
Daniel Zúñiga Maldonado denunció que por más de 30 años, en todo el territorio nacional “hemos padecido los estragos de la promulgación y aplicación de leyes que, en el ámbito federal y estatal, al mismo tiempo que privilegian los intereses de empresas trasnacionales, violentan los derechos individuales y colectivos fundamentales de las comunidades y pueblos afectados por proyectos de muerte como la minería, la construcción de presas, carreteras, proyectos inmobiliarios, turísticos o industriales en los territorios de los pueblos, especialmente los indígenas y campesinos de nuestros estados”.
En los últimos 30 años, nuestra Constitución ha sufrido más de 450 reformas, muchas de ellas, para adecuarlas a los intereses de empresas privadas y algunos grupos políticos, que han sido acompañadas por la promulgación de leyes secundarias que no sólo desconocen los derechos de los pueblos y comunidades al territorio, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano o a la salud, sino que legalizan la privatización de las aguas, las tierras, los minerales, la biodiversidad, los bosques, la cultura, el patrimonio histórico, los saberes tradicionales.
Para nuestras organizaciones, está claro que esta nueva oleada de leyes dirigidas al despojo no puede prosperar sin una Ley que facilite la militarización del país, la criminalización de la protesta y, sobre todo, la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que sobrevendrán a partir de leyes como la de Biodiversidad y la de Aguas. Estamos convencidos de que esa es la función de la Ley de Seguridad Interior, que no sólo ha sido repudiada por cientos de organizaciones sociales y civiles en nuestro país, sino por organismos internacionales, comenzando por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, ECOTUZUAPAN A.C, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha, el Centro de Economía Social Julián Garcés A.C., el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., El Barzón Poblano, la Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, MASCIPCNPA MN, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Puebla y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., nos sumamos al rechazo general que ha suscitado la aprobación de estas leyes, así como su posible aplicación en el territorio nacional.
