Por Ernesto Perea ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
En una sesión de tan sólo 12 minutos y aprovechando que la opinión pública está concentrada en la emergencia por los sismos recientes que afectan a varias entidades de México, ayer los legisladores del PRI y del PVEM que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, aprobaron los dictámenes de la Ley General de Biodiversidad y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sin atender las solicitudes de consulta ni los señalamientos de los contenidos regresivos en materia de derechos y de transparencia.
El presidente de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, Baltazar López, aseguró que en el caso de la Ley Forestal, varias organizaciones indígenas y campesinas solicitaron formalmente al Senado de la República un proceso de consulta indígena y campesina al considerar que los cambios en el marco jurídico afectan directamente a nuestros representados, quienes no han tenido oportunidad de participar en un proceso de consulta, a pesar de que tanto la Constitución, como los tratados Internacionales y diversas leyes respaldan este derecho. Las organizaciones han sido ignoradas y “hasta el momento ninguna instancia del Senado ha dado una respuesta a nuestra solicitud”.
Sobre este tema, René Gómez Orantes, Presidente de Bosques y Gobernanza A. C. del Estado de Chiapas abundó señalando que a pesar de que estamos a dos años del 30 aniversario del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho a la Consulta aún no es una realidad en México y explicó que ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores se ha convocado a una consulta sobre esta Ley e hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos a dar un ejemplo de respeto al marco jurídico convocando a la consulta.
Los legisladores del PRI-PVEM tienen prisa, pero el proceso de aprobación de estas leyes contempla aún un dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos y posteriormente la votación en el pleno de la Cámara de Senadores, por lo que las organizaciones indígenas y campesinas confiamos en que el resto de los legisladores sean sensibles y aprueben el proceso de consulta y la modificación de los contenidos que son violatorios en materia de derechos, expuso el presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ) del Estado de Oaxaca, Félix Ruíz.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red MOCAF opinó que “si en política la forma es fondo –como decía Jesús Reyes Heroles–, los senadores del PRI y del Partido Verde que forman parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado enseñaron el cobre de su práctica parlamentaria al aprovechar que la opinión pública está centrada en la emergencia por los sismos para aprobar estos dictámenes fuertemente cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil, por organizaciones indígenas y campesinas y diversos académicos.
Ricardo Campos, Presidente de la Red Indígena de Turismo de México (RITA) expresó que uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de la nueva Ley Forestal es que por una parte concentra funciones en la CONAFOR, que antes tenía la SEMARNAT, y por otra parte debilita la participación de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional Forestal y en el Fondo Forestal Mexicano, justo a unos meses del 2018 en que tendrán lugar las elecciones presidenciales, lo cual no es la mejor fórmula en materia de rendición de cuentas y transparencia”.
Las organizaciones indígenas y campesinas que solicitan la Consulta Indígena y Campesina al Senado, citan algunos ejemplos de los contenidos regresivos de la nueva Ley Forestal y advierten que de no atenderse se estará retrocediendo en el marco jurídico del sector forestal:
- Las funciones del Consejo Nacional Forestal se restringen y quedan al nivel que tenía este consejo hace 25 años, en la época de su creación, es decir queda solo como un órgano consultivo y de asesoría cuando actualmente tiene además funciones de vigilancia, seguimiento, supervisión y evaluación
- El Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, donde actualmente la sociedad civil tiene cuatro lugares, es degradado de operador a asesor. 3. La CONAFOR concentra funciones de autorizaciones y normativas además de las que ya tenía en materia de fomento y no se crean contrapesos que garanticen la transparencia en el ejercicio público, por el contrario se debilita a la sociedad civil en este nuevo marco jurídico. 4. Se elimina el Objetivo General V, que señala: “…Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable.
Sobre este último punto indicaron que la eliminación de este objetivo general es muy grave porque quita una de las barreras de defensa de comunidades indígenas y equiparables frente a diversos proyectos de escala industrial que representan una amenaza para estos territorios y sus habitantes.
