FOTO: Ixbalanqué Danell Sánchez
El 1 de febrero del año en curso el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en el marco del relanzamiento del sello Hecho en México, la realización de un proceso formal de consultas para guiar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la participación de la iniciativa privada, es decir, con las cúpulas del Consejo Coordinador Empresarial.
Este anuncio, impuesto por la presión del nuevo presidente de los Estados Unidos y no como respuesta a las demandas históricas de diversos sectores productivos y sociales del país, reproduce la mecánica de consulta que impuso el entonces presidente Salinas de Gortari para la negociación del TLCAN, en la cual únicamente se tomaron en cuenta los intereses de las grandes corporaciones y se excluyó al sector de los pequeños y medianos productores de granos básicos.
Por tal razón y la ANEC en ejercicio de los derechos de los pequeños productores de granos básicos, que representan más del 60 por ciento de la producción de maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo, demandamos al gobierno federal y al senado de la República su inclusión formal en las consultas y renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Al respecto Víctor Suárez, Director Ejecutivo de la ANEC, declaró: “Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas toda vez que representan más de 4 millones de productores y son responsables de más del 60 % de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”.
La ANEC es una organización con más de 20 años de trabajo en modelos alternativos de producción, financiamiento y comercialización de granos básicos con base en la organización económica de pequeños y medianos productores a nivel local, regional, estatal y nacional.
Asimismo, la ANEC se ha distinguido –lo cual es público y notorio- como una organización seria, responsable, innovadora y con gran capacidad de propuestas de política pública al servicio del pequeño productor, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y un nuevo modelo de producción agroecológica.
Suárez enfatizó que: “Ante el nuevo contexto político y económico que se vive a nivel nacional y mundial, donde el respeto a los derechos humanos, con procesos democráticos en la toma de decisiones y con la Transparencia y Acceso a la Información como base del accionar nacional, es necesario que haya consultas amplias e incluyentes, se tomen en cuenta las propuestas de todos los actores involucrados y se evite repetir la historia de hace 25 años”.
Por último, dijo: “Las consultas simuladas, con participación de sectores afines y donde participen solo amigos, en nada ayuda a fortalecer los procesos democráticos que necesita este país y que permitirán construir un horizonte de largo plazo para que este país logre la erradicación de la pobreza y la desnutrición de los pobladores rurales y de las ciudades. Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que habla sobre la Información del ejecutivo al Senado sobre negociaciones formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”.
