Por Genaro Bautista
Ginebra (AIPIN)-. La comunidad internacional reconoce cada vez más los derechos de los pueblos indígenas después de varias décadas de promoción y negociación por parte de estos en los procesos internacionales de toma de decisiones, afirma el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia.
El papel y la contribución de los pueblos indígenas en la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo social y económico también están ganando reconocimiento y apreciación en todo el mundo, manifiesta el grupo asiático.
De particular dicen para los derechos de los pueblos indígenas en contextos comerciales son sus derechos a las tierras, territorios y recursos garantizados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su Artículo 26 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido, y los Estados deben otorgar reconocimiento legal y protección a estas tierras, territorios y recursos.
Aunque para lograr su concreción, está todavía muy lejano aceptan varias representaciones indígenas del mundo.
Y si, porque los pueblos indígenas deben hacer escuchar voces fuertes, ante oídos sordos.
Esto porque son distintas las concepciones de desarrollo impulsadas desde los Estados, las empresas y las entidades multilaterales que atentan contra el Buen vivir de los pueblos indígenas, acusaron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Suiza del 24 al 27 de noviembre de 2019, representantes de los pueblos indígenas de las siete regiones geopolíticas, denunciaron que en el planeta persiste la continuidad de la agenda de despojo, violencia, criminalización, precarización y extractivismo.
Los representantes indígenas, subrayaron que las formas de desarrollo occidental vulneran sistemáticamente sus derechos colectivos e individuales reconocidos en el Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio sobre Diversidad Biológica, la jurisprudencia y convenciones internacionales en la materia.
Y esta falta de reconocimiento por parte de empresas y gobiernos propicia el incremento de la violencia en contra de defensores de la tierra y territorios, comunicadoras y voceras indígenas, estás últimas siendo criminalizadas y estigmatizadas como enemigas del desarrollo, deslegitimando su lucha.
De ahí que pidan que el informe final del Grupo de trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020, incorpore sus demandas incluyendo la implementación del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado acorde con estándares internacional a fin de garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas y a no permitir que las empresas suplanten el rol de los Estados en estos procesos.
En sus participaciones, revelaron los privilegios de los Estados hacia las empresas públicas y privadas en el acceso a los recursos naturales en los territorios indígenas, que atentan contra la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el agua. Estos privilegios, indicaron, se perpetúan por la militarización de los territorios, el uso desproporcionado de la fuerza pública y otros grupos armados.
Calificaron de importante la aprobación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, para garantizar la obligatoriedad de proteger y remediar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas afectadas por las actividades empresariales. Los dirigentes indígenas, exigieron a los Estados la implementación de los principios rectores a través de medidas efectivas que obliguen a las empresas a respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que pasen de las declaraciones a la práctica. En la actualidad apuntan, casi nadie plantea efectuar diagnósticos, ni reparación por daños.
En los tres días del Foro se escucharon testimonios de daños a la tierra, del bosque, del agua sobre todo de asesinatos
Nadie debe tolerar una muerte más, reclaman
Mario Agreda-Iktomizi araña amarilla, censuró la doble moral del gobierno del Ecuador porque condonó la deuda a las empresas transnacionales que trajo como consecuencia “la muerte de hermanas y hermanos” y nombra a señala como culpables a Movistar, Repsol, Coca Cola entre otros a quienes se les perdonó 4,500 millones de dólares.
De manera paralela indica Agreda, líder de la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios (CAPAJ), el presidente de Ecuador Lenin Moreno solicitó un préstamo por 4,500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las representaciones indígenas en este Foro de Empresas y Derechos Humanos en la ONU consideran que es fundamental que los países y negociadores no solo escuchen las voces, sino que actúen dando soluciones.
Lo anterior porque los megaproyectos de envergadura dentro de los territorios indígenas no pueden darse de manera impune, anteponiendo el capital sobre la naturaleza y las sociedades, sin tomar en cuenta la diferencia entre la ecología del bien común de los pueblos y la dirigida por los intereses de las transnacionales.
El desarrollo sostenible no existe si no hay respeto a los derechos humanos, enfatiza el ecuatoriano Mario Agreda y anota el desangramiento del Amazonas de la mano del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fomenta la cría de vacunos y soja para beneficio de las transnacionales, Burger King, KFC o Mac Donal’s sin dejar la producción de soja para occidente y China.
Los casos expuestos de Brasil, Ecuador, Colombia no son únicos, también circularon reportes de afectaciones en pueblos indígenas de México, Guatemala, Honduras, Chile y Bolivia.
En el caso mexicano, sobre eólicas, Tren Maya, lo mismo del Canal Interoceánico de la actual administración.
En su evaluación el Caucus Indígena, a ocho años de las reuniones en Ginebra sobre Empresas y Derechos Humanos, indicó que el progreso, los compromisos y las demandas hechas son mínimas y recalcaron “que lejos de respetar nuestros derechos como pueblos indígenas, estos continúan siendo violados sistemáticamente, tanto por los Estados como por la mayoría de las empresas que están desarrollando o quieren desarrollar proyectos en territorios indígenas”.
“Estamos aquí, dijeron, para lograr un progreso, como contraparte ante los Estados y ante el sector empresarial, y hacer visibles las razones por las cuales los pueblos indígenas defendemos nuestros territorios y estas razones se concentran en el derecho a vivir en dignidad y que nuestros hijos y nietos, tengan un territorio en el cual desarrollarse como lo hemos tenido, es por eso que defendemos y preservamos nuestros territorios como nuestros antepasados para dejar un territorio donde puedan vivir con dignidad y libertad”.
En voz de la hondureña Donatila Girón, presidenta del Caucus, transmitieron su sentir a los asistentes a la 8ª Sesión del Foro y apuntaron no oponerse al desarrollo que viene con los parámetros estatales, “siempre que no sea a expensas del exterminio de nuestra cultura, que es nuestra única forma de vida digna”.
Durante su posicionamiento dejaron claro su exigencia al respeto de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, e insistieron en su reclamación a los Estados que no han cumplido el papel de garantes de nuestros derechos.
En cuando a la consulta indígena estipulada en el Convenio 169 de la OIT dicen que esta no se ha aplicado y, en algunos casos, se ha aplicado de manera negativa, debido a la ignorancia o de mala fe.
De igual forma expresan que los Estados, tienen la obligación de cumplir y hacer que las empresas hagan lo mismo con los Principios Rectores, porque se les ha permitido exploraciones y concesiones sin tener en cuenta el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y las transferencias forzadas se han llevado a cabo con engaño y aprovechando la ignorancia de las comunidades que ha resultado en empobrecimiento, pérdida cultural, afecto social, daño espiritual que calificamos como etnocidio, genocidio y ecocidio.
Donatila Girón, demandó el fin de la violencia perpetrada contra los defensores territoriales, tanto hombres como mujeres, y contra otros, como comunicadores, periodistas y portavoces indígenas, algunos de ellos asesinados.
Aquí pusieron énfasis en su oposición a que la “defensa territorial sea tratada como un acto terrorista o una amenaza pública, ya que es la única forma que tenemos hoy para defendernos contra políticas que no respetan nuestros derechos”.
El Estado señalan, tiene el “deber moral de hacer que la información sea transparente, garantizar y permitir una divulgación veraz a través de los medios de comunicación a los que los pueblos indígenas tienen o tienen acceso”.
Y demandan a los Estados el cese de amenazas de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, como la tierra y el agua, elementos esenciales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la flora, la fauna y la vida de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Para ello reclaman la cancelación de proyectos de desarrollo en territorios indígenas como presas y centrales hidroeléctricas.
En su exposición insisten que los Estados “no respetan los planes de vida de los pueblos indígenas ni los tienen en cuenta para la creación de políticas, concesiones y otros usos otorgados. Los planes de vida revelan la forma de desarrollo de un pueblo indígena y cómo se proyecta hacia el futuro de acuerdo con su visión del mundo”.
Capaj insiste en su acusación que las transnacionales han decidido exterminar a los pueblos naturales y lo hacen de la mano del “Estado” la mayor transnacional del orbe, manejado por el FMI y el Banco Mundial, a través de “las empresas operadoras, quienes son los que baten el incensario del que los bendice.
Pone el ejemplo lo que denomina como “el peso del poder de las bancas, las petroleras, las telefónicas, empresas exportadoras, importadoras, textiles, ministerios, Ejército, hidroeléctricas, puertas giratorias, constructoras, comandos de organización, fondos buitres, y es el caso de Sebastián Piñera a sangre y fuego contra el pueblo de Chile. Acompañado de un Ejército que gana las batallas contra su propio pueblo.
Capaj afirma en este foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que “nuestro destino no está al lado de los bancos ni transnacionales, nuestra forma de resistencia está en los de abajo contra los de arriba, como gente del pueblo, como naciones ancestrales; en la promoción del autodesarrollo que va más allá del marco jurídico de los Estados.
Lo sucedido en las entrañas del Ecuador nos rebela como los ojos del estado se convierten en empresa de dominio colocando una soga en el cuello de los pueblos en nombre de la libertad económica y centralista. Son estos ojos de economía de mercado, y desde la “concepción” democrática, que invierte los papeles de subordinación desde las entrañas de un histórico modelo de dominio.
El Foro de Naciones Unidas es el mayor encuentro anual del mundo sobre las empresas y los derechos humanos con más de 2.000 participantes entre representantes de gobiernos, empresas, grupos comunitarios y sociedad civil, despachos jurídicos, inversores, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, grupos sindicales, universitarios y medios de comunicación.
Durante tres días, se dieron más de 60 debates sobre temas relacionados con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (el marco para “Proteger”, “Respetar” y “Remediar”).
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el Foro en 2011 con el fin de servir como una plataforma global para «discutir las tendencias y desafíos en la aplicación de los Principios Rectores y promover el diálogo y la cooperación sobre cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos”.
José Aylwin del Observatorio Ciudadano de Chile, enumeró que la actividad de empresas en Abya Yala sigue teniendo profundos impactos adversos en derechos humanos.
La matriz extractivista, dice el especialista, de las economías – reflejada en sus exportaciones, más de la mitad de ellas de recursos naturales, impacta severamente los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas.
Ello, señala, explica la existencia de más de un centenar de conflictos socio ambientales por proyectos de inversión en Perú y Chile, y 900 en México.
Tal matriz, se ve reforzada con los acuerdos comerciales suscritos por los Estados, sin participación, y sin asegurar una adecuada protección de los derechos humanos.
A los acuerdos suscritos con EU y la Unión Europea (UE) se suman el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11), en que participan México, Perú y Chile, y los acuerdos comerciales con China (Costa Rica, Perú y Chile).
La ausencia de consulta previa, y del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de proyectos extractivos de grandes dimensiones incentivados por dichos acuerdos, sigue generando frustración, apunta.
Junto a ello, solo el 2018 más de 80 defensores y defensoras del derecho a la tierra han sido asesinados en la región, en muchos casos, por la defensa frente a actividades empresariales de acuerdo con Global Witness, 2018, declaró el representante del Observatorio Ciudadano de Chile.
Hasta ahora solo Colombia y Chile, han elaborado Planes de Acción Nacional (PAN) sobre Derechos Humanos y Empresas. Perú, México, Honduras y Argentina están en proceso de su desarrollo.
Para ello José Aylwin, estima necesario impulsar e implementar los PAN a través de procesos participativos con las comunidades afectadas y de manera transparente; que asuman de manera efectiva los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia; que establezcan la consulta y el CLPI y reconozcan en ellos sus obligaciones extraterritoriales en la materia; poner freno a la captura corporativa de los Estados; proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables de violaciones a sus derechos, poniendo término a la impunidad hasta ahora existente en estos casos, y dar protección efectiva a los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, incluyendo el derecho a la consulta y CLPI en el contexto de actividad empresarial.
El especialista chileno considera que se debe asegurar que los acuerdos comerciales que suscriban garanticen efectivamente los derechos humanos, a través de la inclusión de cláusulas específicas, y de la realización previa de evaluaciones de impacto en derechos humanos (EIDH) de dichos acuerdos; ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hasta ahora solo ratificado por cinco estados; Respaldar el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, con inclusión no solo de empresas transnacionales sino también de las empresas nacionales.
Como se comentó con antelación, el Foro anual de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos es la plataforma global de evaluación e intercambio de lecciones aprendidas sobre los esfuerzos por que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos pasen del papel a la práctica.
Es el único espacio en el mundo, para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los grupos afectados y las organizaciones internacionales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la prevención y el tratamiento de los impactos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas.
El primer foro se celebró en 2012. Atrae a más de 2,000 expertos, profesionales y líderes durante tres días de diálogo orientado a la acción y a la búsqueda de soluciones.
El foro está dirigido y presidido por el Grupo de trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, y organizado por su Secretaría en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Un mensaje clave del Foro de la ONU de 2018 sobre las Empresas y los Derechos Humanos fue que los gobiernos deben intensificar su acción y liderazgo.
Las Naciones Unidas reconocen que, en la actualidad, los Estados no hacen lo suficiente para cumplir con su deber de proteger contra los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Si bien en algunas jurisdicciones se están produciendo importantes avances jurídicos y sigue aumentando el número de países que elaboran planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos, se está poniendo en tela de juicio la eficacia de los esfuerzos actuales y la falta de acción más amplia.
La falta de liderazgo gubernamental, que se refleja en deficiencias en materia de gobernanza y en una falta de coherencia de las políticas a todos los niveles –nacional, regional y global– sigue siendo un desafío fundamental para garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todos en el contexto de las actividades empresariales.
Estas lagunas han sido un tema recurrente en todos los foros desde la primera edición en 2012, una razón clave para el desarrollo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos que proporcionan la referencia principal para las discusiones del Foro.
El foro de 2019 se centró en la necesidad de que todos los gobiernos demuestren avances, compromisos y planes de implementación el deber del Estado de proteger y fortalecer la rendición de cuentas.
La agenda del Foro examinará aquello que los gobiernos deben hacer para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, entre otras cosas, poniendo orden en su propia casa y estableciendo expectativas claras y creando incentivos para una conducta empresarial responsable. Al hacerlo, la agenda considerará el llamado de los Principios Rectores a «una combinación inteligente de medidas -nacionales e internacionales, obligatorias y voluntarias- para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas» y lo que esto puede significar en la práctica.
Sobre la base del Foro anual de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y otros foros regionales, el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (UNWG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizaron el Foro inaugural de las Naciones Unidas sobre Asia y los Derechos Humanos del 14 al 15 de marzo de 2019 en Nueva Delhi, India, con el objetivo crear conciencia sobre el tema y facilitar la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP), incluso a través de Planes de Acción Nacionales.
Parte de los resultados fueron dados a conocer la tarde del lunes 25 de noviembre en una sesión organizada por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia.
En su intervención relataron que, tras la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, un número creciente de inversores, instituciones financieras y empresas están en proceso. de desarrollar políticas de salvaguardia que les exijan respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como parte de su «licencia social para operar».
Así como reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y sus derechos a las tierras, territorios y recursos han ido ganando apoyo y atención a diferentes niveles.
No obstante, mencionaron que un creciente conjunto de decisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, los tribunales regionales y nacionales y los mecanismos de denuncia, como los Puntos de contacto nacionales de la OCDE, demuestran que los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de abusos contra los derechos humanos asociados con actividades comerciales en sectores como la minería, agronegocios, bienes raíces, turismo.
Gobiernos-empresas vs. Pueblos originario
Los impactos típicos implican impactos adversos sobre los derechos a la tierra y los recursos y ataques contra defensores indígenas de los derechos humanos.
En esto coinciden Susana López de Guatemala y Gissela Rodas de Honduras en entrevista con AIPIN.
Las representantes indígenas señalan que las garantías y reparación, seguirá siendo un reto, y una competencia por intereses y visiones diferenciados.
Los pueblos indígenas, estaremos siempre en desventaja por el poder de las empresas en complicidad con los Estados, revelan.
En el caso de Guatemala, dice Susana, se registró 657 ataques contra defensoras y defensores de DDHH durante el año 2013, en el 2014 fueron 814, en 2015 se registran 493 y 2016 253 ataques. 18 defensoras y defensores fallecieron en el 2013, 7 en 2014, 12 2015 y 14 2016.
Esto sitúa a Guatemala como un Estado sumamente peligros para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala. “Todos los derechos para todas las personas” (Udefegua) en 2019 tiene registrada 462 agresiones, 15 asesinatos, 5 intentos de homicidio. A estos se suma las 358 denuncias por la publicación sin consentimiento de datos personales en los portales electrónicos de las empresas dedicadas a la comercialización de dichos datos.
Informó que el 3 y 4 de diciembre, de un taller de socialización de los principios rectores de derechos humanos y a compartir la experiencia, coordinado por la Plataforma Internacional. Y espera que en el Foro 2020, habrá con compromiso de los participantes este 2019, de ofrecer alguna orientación a la nueva delegación.
Por su parte Gissela Rodas tiene la impresión que tanto el Estado y empresarios “al momento de que levantas la voz por tu país y tu pueblo los representantes gubernamentales se les acercan para dialogar pero señala “cuando ya estamos en nuestros países nos mandan a matar como a la indígena Lenca, Berta Cáceres y lo encuentro ilógico, que te quieran hablar bonito allá cuando estás en estos foros rodeado de las personas de Naciones Unidas, para decir “estamos en paz” o dar otra cara. Y que también nos damos cuenta de que este sistema está usando las mismas artimañas en nuestros países latinoamericanos y de los demás continentes”.
Rodas, pone el caso de su pueblo Reitoca de Honduras donde la empresa progelsa, está construyendo una hidroeléctrica en su único río donde se abastecen 11 mil familias.
La región, expone, Gissela, es el corredor seco, “donde sufrimos de pocas lluvias; vivimos de agricultura, ganadería y de pesca”.
Y resulta, afirma que “nos están criminalizando por usurpación cuando sería al revés, ellos nos están quitando nuestras tierras, contamos con un título ancestral que data de 1735 donde dice estas tierras pertenece a los indios de Reitoca”.
En su recuento, Rodas denuncia la agresión a tres compañeros heridos de bala, pero nuestras denuncias no han sido escuchadas, nos secuestraron, han destruido nuestro campamento dos veces y no tenemos respuesta ninguna, estamos siendo perseguidos, vigilados y este estado no nos da la protección que debería de darnos. Recordó el caso de Berta Cáceres y dijo que no han encarcelado a los verdaderos autores: En Honduras “nos están matando y encarcelando con solo el hecho de decir soy ambientalista e indígenas”, declara.
Ante ello, anunció que van a interponer denuncias para hacer que se respete los convenios internacionales como el convenio 169. Y ejercer el control territorial en nuestros territorios para hacer valer la autonomía de los pueblos indígenas.
En este contexto, pide a la ONU “ser un ente vigilante de nuestras preocupaciones. También tener más contacto con nuestros pueblos. Y escuchar y hacer que se nos escuche o ser ellos esos entes para exigir respeto a los pueblos y nuestras vidas”.
