Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
Una vez más, la historia del país se escribirá con la lucha de los campesinos e indígenas en defensa de sus tierras. En estos tiempos de absurdas reformas profundas, beligerancia mundial y aletargadas crisis financieras, en México la tierra es de a quien se le concesiona, pero no para trabajarla y obtener alimentos, sino para explotar sus entrañas, extraer sus riquezas, esterilizarla, y hacer del viento y el Sol que la acompañan el gran negocio de la energía eléctrica para mover la industria e iluminar grandes ciudades.
La tenencia de la tierra y la seguridad jurídica y legal sobre ella, de quienes la poseen, está amenazada por el cumplimiento de la Reforma Energética en el medio rural, y hoy es el punto crítico para la estabilidad y la mal lograda paz social, de por sí vapuleada por el teatro del combate al crimen organizado, de los últimos tres gobiernos.
Con las concesiones que otorga el Gobierno federal a las empresas trasnacionales para que exploten los recursos naturales, sean o no renovables, para generar energía, está en juego el patrimonio histórico, vaya el más sagrado bien que tienen los pueblos originarios; sí a los que la sociedad mestiza llama indígenas, que verán afectados los territorios que ocupan ancestralmente y que hoy están afectados por disposiciones gubernamentales y legislativas en beneficio del capital.
Sí lo vemos estadísticamente, se trata de 20% de los 32,000 núcleos agrarios empadronados en el catastro rural, que constituyen la propiedad social (ejidos y comunidades) equivalente a 52% del territorio nacional, de acuerdo a cifras de la Procuraduría Agraria, y que significa en números redondos 109 millones de hectáreas, en posesión de 5.2 millones de campesinos, en los que se incluyen a los indígenas, como legítimos dueños de la tierra, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Reforma Agraria.
Lograr ese reparto agrario y darles seguridad a los campesinos en la tenencia de la tierra, le llevó al país 75 años de luchas locales, manifestaciones callejeras, persecución y encarcelamiento de campesinos, asesinatos a mansalva, incertidumbre productiva, fueron más de 43 mil acciones agrarias que tuvo que resolver el Gobierno federal entre 1916 y 1991, para reconocer, dotar, desactivas conflictos y garantizar la posesión de la tierra en manos de los productores del campo.
Con la puesta en marcha de la Reforma Energética, cuyo objetivo es atraer inversión extranjera para explotar los recursos naturales de ese sector, como extracción de petróleo y gas, y generar energía eléctrica en todas sus modalidades; hidráulica, eólica, solar, térmica, corboeléctricas, necesariamente se verán afectadas las superficies ejidales y comunales, donde se instalen las empresas que obtengan la concesión para explotarlas.
Ya desde el 8 de octubre de 2014, en la presentación del proyecto de presupuesto para el campo para 2015, en la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar, Procurador Agrario advertía que la intervención de la dependencia a su cargo en materia energética, requería de mayores presupuestos debido a que en el nuevo marco reglamentario, se enfrentaba el reto de transitar del diagnóstico e información sobre propiedad social susceptible de ser afectada por la explotación y uso de suelo, situación en la que se veían involucrados en 2014, más de cuatro mil núcleos agrarios que demandarán servicios de asesoría y representación legal.
Por ello solicitaba un aumento de 50% (500 millones de pesos) en el presupuesto para que la Procuraduría Agraria pudiera cumplir en 2015 con sus funciones de coadyuvar en la negociación justa de contraprestaciones relativas a los pagos en materia de propiedad social, presidir asambleas generales de ejidos y comunidades, conciliación y arbitraje en conflictos agrarios y capacitación.
Es decir, en la propia estructura gubernamental se prevé el conflicto que significa la Reforma Energética para el medio rural, y que no es menor, puesto que estadísticamente significa la afectación de al menos 20 millones de hectáreas de la propiedad social, que deberán sumarse a las que ocupan las concesiones mineras y que de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía (SE) implican 34 millones de hectáreas, en total 54 millones de hectáreas.
Pero tampoco es de sorprender tal situación, puesto que la realidad del campo y las propias políticas públicas de los últimos 30 años muestran la estrategia del Estado de desmantelar el medio rural, para crear las condiciones materiales y jurídicas que justifiquen la concesión de la tierra a las grandes trasnacionales, que harán negocios superiores a 10,000 millones de dólares. No así los campesinos a los que se les afectarán las tierras, que en el mejor de los casos recibirán entre 0.2% y 3% de las ganancias que declaren los consorcios.
Por supuesto que los campesinos no podrán auditar a las compañías para tener acceso a su información financiera.
En cuanto a la estrategia de pauperizar el campo para allanarle el camino a los objetivos de la Reforma Energética, bien vale citar lo que ese mismo octubre de 2014 dijo en la Cámara de Diputados la entonces subsecretaria de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Georgina Trujillo Zentella, que precisó, así directo, sin palabrería de por medio, que la falta de recursos para atender a los campesinos, tiene como resultado que 81% de los proyectos productivos recibidos en la dependencia, no pueden realizarse por esa causa.
Así es imposible arraigar a los campesinos en sus lugares de origen y hacer producir la tierra, aunque existen un conjunto de situaciones que agravan este problema, como la inestabilidad de los precios de las cosechas, inseguridad, corrupción en la aplicación de los programas de apoyo al campo, burocratismo, en fin, todo ello conforma un coctel que castra las esperanzas de los campesinos y los obliga a abandonar sus tierras. Pero no todos reaccionan así.
Las comunidades indígenas ya dejaron claro que no están dispuestas a ceder sus tierras a las compañías energéticas y mineras. Y esto es la punta del iceberg, de lo que se avecina en México en cuanto a la lucha de los pueblos originarios por defender sus territorios.
Aquí un caso que muestra esa realidad y que es documentado por el historiador y antropólogo del Centro de Lengua y Cultura Zoque AC, Fortino Domínguez Rueda, quien explica que en los territorios zoques de Chiapas se yergue una amenaza, que pone en peligro la existencia de este pueblo indígena en pleno siglo XXI, que de acuerdo a estudios arqueológicos habitan en el Norte de Chiapas desde hace unos 2,500 años, Así lo documenta el antropólogo mexicano Andrés Fábregas.
Y el peligro de despojo de los zoques se da, explica Domínguez Rueda, a raíz de la aprobación de la Reforma Energética (2013) “que el Gobierno mexicano ha puesto en operación, a través de la Secretaría de Energía, los proyectos ronda 1 y 2. Las rondas se conforman de una licitación pública internacional que el Estado mexicano actualmente desarrolla en relación con los recursos naturales que son susceptibles de ser explotados en materia de energía, tanto en superficie terrestre como marina.
“Es así como el pasado 23 de agosto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública la segunda convocatoria de la ronda 2. En específico, el proyecto se encuentra formado por tres procesos de licitación. En la licitación 3, titulada Contratos de licencia para la exploración y extracción en áreas terrestres, puede leerse que el espacio de ejecución de este proyecto “se encuentra integrado por 14 áreas contractuales […] localizadas en las provincias petroleras de Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del sureste’”.
Domínguez Rueda precisa que “es justo esta última área denominada por el proyecto Cuencas del Sureste la que corresponde a la Zona Norte del estado de Chiapas. Es de todos sabido que desde 1901, fecha en que se descubre el primer yacimiento de petróleo en Pichucalco, Chiapas, la zona norte del estado es calificada de área petrolera y desde entonces se han puesto en operación diversos proyectos para la extracción de hidrocarburos.
“En la actualidad, el proyecto Ronda 2 tiene el objetivo de licitar dos polígonos identificados como áreas 10 y 11, mismas que en su conjunto abarcan un total de 84 mil 500 hectáreas. Las tierras que la Ronda 2 licita comprenden tierras ejidales y pequeñas propiedades de agricultura y ganadería de los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán. Sobre este amplio territorio se han localizado 12 pozos petroleros, los cuales acaparan el interés de las grandes compañías petroleras a escala mundial”.
El antropólogo señala que el pueblo zoque no ha sido informado, ni consultado por las autoridades federales y locales, sobre los alcances negativos que el proyecto Ronda 2 puede causar sobre sus territorios.
Y acota: “aquí vale la pena decir que, si bien en el paquete de leyes secundarias de la reforma energética –conformada por 21 legislaciones que entraron en vigor en 2014– solamente en tres de ellas (Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Energía Geotérmica) se hace referencia a que el Estado debe desarrollar procesos de consulta libre e informada entre los pueblos indígenas, hasta ahora y para el caso de Chiapas esto no se ha generado.
“También debemos recordar que el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra reconocido en diferentes tratados y declaraciones internacionales que el mismo Estado mexicano ha firmado, de ahí que este caso muestre los vacíos y clarososcuros por donde los proyectos de desarrollo y de explotación de recursos naturales se ponen en operación”.
Explica que ante tal situación “los zoques hemos comenzado a desarrollar diversas acciones, las cuales van desde reuniones familiares y de asamblea, donde se habla de la existencia del proyecto y de los potenciales efectos ambientales que se levantan sobre Nasakobajk (la madre tierra, en zoque); de igual forma se han generado mecanismos (videos y carteles) para informar sobre el tema en pueblos, comunidades y ciudades de México y Estados Unidos donde residen zoques en la actualidad”.
El pueblo zoque se declara en defensa de sus tierras, de igual forma lo hacen otros pueblos de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, Yucatán, Campeche, Guerrero, Sonora, Coahuila, vaya prácticamente de todo el país. Esto apenas empieza.
