Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: Ixbalanqué Danell Pérez
Y sí, nada más para estar a tono con la actual coyuntura que vive México. Así como la gasolina, gas y electricidad constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía y de las actividades humanas en las sociedades modernas, en nuestro país la corrupción no es noticia, y menos porque este lagarto comeconciencias depreda en todo el mundo; pero la impunidad, que va más allá de la deshonestidad, es más que noticia, es exclusividad propia de los gobiernos mexicanos; 95% de los actos denunciados no son castigados.
Esto le ha costado al país un estancamiento de 25 años en su desarrollo. Sí, un cuarto de Siglo, que en cifras del INEGI se traduce en 35% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el porcentaje que significa la corrupción en la economía de México, algo así como seis billones de pesos. Hoy seguramente la cifra es mayor.
Esto eriza la piel, quiebra esperanzas, destroza anhelos, destruye confianzas y proscribe toda credibilidad de la sociedad en las instituciones y personas que gobiernan; el Estado de Derecho se diluye y opaca todo aquello que de alguna forma espera que el orden de cosas cambie en México. No es tremendismo y cito por qué: “la corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad, sí.” Afirmación, ésta, de Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO).
Así inicia su carta de presentación y bienvenida el portal electrónico del IMCO. Desalentador el horizonte que retrata, sustentado en un artículo de los académicos Liu, de la Universidad de Hong Kong; y Mikesell, de la Universidad de Indiana, publicado en la revista Public Administration Review.
En su texto, Pardinas sustenta su afirmación en dicha investigación que “está basada no en la percepción del fenómeno, sino en casos de corrupción que han recibido la sentencia inculpatoria de un tribunal norteamericano. Lo primero que sorprende es el tamaño de su base de datos: más de 25 mil funcionarios públicos, en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, han sido encontrados culpables entre 1976 y 2008. La cifra indica que en este periodo, en promedio, más de tres funcionarios (en EU) son sentenciados al día por casos vinculados a delitos de corrupción. Este reporte incluye delitos de compra de voto, funcionarios que aceptaron regalos sin reportarlos o conflictos de interés. La lista de indiciados y sentenciados considera a ciudadanos, sin cargo público, que participaron en los delitos de corrupción”.
Y cita casos en China, Brasil y España, en los que los funcionarios corruptos recibieron castigo de cárcel por deshonestos. Pero en México ¡No!
“Aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Mientras aquí la impunidad sea la regla, en lugar de la excepción, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida pública y nuestro potencial de prosperidad”, puntualiza en el texto Juan E. Pardinas.
El directo del IMCO enfoca el fenómeno de la corrupción e impunidad desde el ángulo de la competitividad y lo ubica como el más importante obstáculo para que se dé ésta y retoma los planteamientos de Banco de México y el Foro Económico Mundial, que concluyen “que este problema es el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país”.
Cómo creer, ya no digamos confiar, entonces en un Gobierno que estructura políticas públicas a modo, y que puede saquear las arcas de la nación con toda impunidad, sin que existan tribunales que acoten ese pillaje.
El discurso gubernamental del presidente Peña Nieto rebasó por mucho la demagogia de sus antecesores, sus acciones significan una mayor contundencia para el desastre del futuro del país.
Y esto no es fortuito. Aumentar el precio de la gasolina y afirmar que no es inflacionario, que no afectará la economía popular, a la que también se le dice microeconomía, con lo que atiza el fuego de la protesta social, conlleva en su objetivo fundamental distraer la atención de los mexicanos que ven afectado su bolsillo, para que no tomen conciencia del peligro que significan para México las medidas unilaterales en materia económica, comercial y migratoria que ha tomado el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aumentar el precio de la gasolina, es claro que desincentiva el uso del automóvil y esto sumado a la embestida de Trump contra las armadoras, que por décadas han fabricado autos y partes en México, para que retornen al territorio estadunidense, representa un duro golpe a la economía y esperanzas de desarrollo nacional, sobre todo porque la industria automotriz es una de las principales de nuestro país.
En 2015 producción y exportaciones de automóviles armados en México crecieron 5.6%, para llegar a producir 3.4 millones de unidades, de las que se exportaron 2.7 millones, lo que hace de nuestro país uno de los principales exportadores de automóviles del mundo, puesto que exporta poco más de 70% de su producción a Estados Unidos, y tiene (o tenía) proyecciones de llegar a producir cuatro millones de unidades en 2020.
Esta es la rebanada del pastel que pelea el señor Trump a México, con la complicidad del Gobierno del presidente Peña Nieto, así lo deja ver el silencio que guarda ante las medidas que ha tomado el próximo mandatario estadunidense en el sector automotriz, como el caso de Ford y las advertencias a General Motors, para que abandonen el territorio mexicano, aunque esta última decidió quedarse en México, pero eso no garantiza que la Casa Blanca la dejará en paz.
Ese sí que es un problema para la economía, el desarrollo y la vida de México. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta industria emplea más de 700 mil personas y registra un crecimiento en generación de plazas cercano a 8%.
A ello se debe sumar que el mercado de la gasolina quedará en manos de las trasnacionales Shell, Exxon, Chevron, básicamente. Y hablamos de un mercado cercano a los 200 mil millones de pesos, la misma cantidad que según el secretario de Hacienda, Antonio Meade es lo que el Gobierno federal espera ingresar a las arcas de la nación con el aumento del precio de la gasolina.
Galimatías en el discurso oficial que traducen corrupción e impunidad en un México en el que de la madeja se hace el hilo negro para esconder la verdad, que apunta al sometimiento de nuestro país a los intereses más depredadores de Washington, a costa de un mayor desempleo y el crecimiento de la pobreza de los mexicanos.
El gobierno del presidente Peña Nieto entra al último tercio de su administración y no ha sido capaz de estructurar una sola política pública que apunte, cuando menos, a alcanzar la autosuficiencia alimentaria, donde el déficit es de 50%, y menos aún un proyecto o programa orientado a producir bienes de capital, es decir, tecnología, para reducir la dependencia de nuestro país de las naciones industrializadas, y sobre todo de Estados Unidos, con el que el comercio mexicano está atado en 80%.
Empresarios e industriales, en los estratos medios y pequeños, también van a pagar una factura muy cara por su complacencia con el Gobierno y silencio que guardan ante la nueva situación que apenas empieza a vivir México. En corto tiempo, quiebras y cierres de fábricas y oficinas, desempleo galopante y pauperización de las masas urbanas y campesinas serán el pan de cada día en el país.
