Por Juan Danell Sánchez ⁄ Foto: Ixbalanque Danell Pérez
Hoy México vive lo que hace dos años se vio venir. Vale la pena recordar con el siguiente artículo publicado en octubre de 2014.
La estrategia del caos, estructurada por el Estado mexicano para distraer la atención de la llamada opinión pública, léase sociedad, en lo referente a la entrega, al capital extranjero, de las riquezas naturales (petróleo, gas, electricidad y minería) que en conjunto representan más de 50% del producto interno bruto (PIB), hasta hoy día ha sido eficaz, aunque persiste la posibilidad de que se le salga de control. Pero, esto, es una variable que asumió el Gobierno con base en las experiencias vividas en la larga historia de represión y despojo registrada en el país.
En estos días en los que los mexicanos debiéramos estar más que ocupados y preocupados por las negociaciones y víspera de la licitación (febrero de 2015) de tal vez las últimas riquezas naturales que le quedan al territorio nacional, el Estado abrió tantos frentes para secuestrar la atención de la sociedad, como lo consideró necesario, y con ello evitar la oposición razonada a dicha situación. Esto último es lo que menos quieren los gobernantes.
Sería infantil suponer que cuando empujaron la aprobación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias, a principios de 2014, los estrategas del Gobierno no vieron venir el desplome de los precios internacionales del petróleo (alrededor del 20%); ya que el valor del hidrocarburo es la verdadera divisa para atraer el interés de las grandes empresas trasnacionales para invertir en el sector energético de México.
Esta situación de la baja de los precios del crudo, aunque prevista, implica ajustes en las negociaciones del Gobierno mexicano con los inversionistas extranjeros, que vienen por todo y aún cuando en el sector energético el margen de utilidad es enorme –los costos de producción de un barril de petróleo en México, por ejemplo, es de siete dólares y se vende, en estos días, entre 77 y 80 dólares- la actual cotización del combustible fósil implica una reducción de la ganancia de entre 20 y 30 dólares por barril, comparando los precios registrados en los días de la aprobación de la Reforma Energética, con los actuales.
Para los dueños del capital esa diferencia de precios representan grandes pérdidas, y la única posibilidad de revertir el proceso es que los países exportadores de petróleo reduzcan su producción, así como que se eleve la demanda de crudo en el invierno, misma que no tendrá mayor problema para cubrirse con los excedentes registrados en el mercado, por lo que es poco probable que se recuperen de manera significativa los precios. En lo primero los integrantes de la OPEP ya declararon que no lo harán, en lo segundo, es una coyuntura determinada por los ciclos de la naturaleza que termina en marzo, justo un mes después de que en México se lleve a cabo la programada licitación de los energéticos.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano se vio obligado a recomponer el presupuesto para 2015 con ajustes a la baja (en la Ley de Ingresos) en las proyecciones de los precios del petróleo (un dólar por barril) y el recorte del gasto en diferentes sectores, entre ellos la cultura y la producción agropecuaria.
Los especialistas calculan que cada dólar que cae el precio del petróleo, a México, que tiene una producción de 2.5 millones de barriles diarios, le cuesta 30 millones de dólares.
En cuanto a la producción de alimentos, el Programa Especial Concurrente (PEC) para 2015 resiente una reducción de seis mil 500 millones de pesos. Asimismo, la secretaría de Estado (Sedatu) encargada de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra, factor fundamental para darle estabilidad al campo e impulsar la producción de alimentos, plantea que 81% de los proyectos que recibe no pueden ejecutarse por falta de presupuesto. Y con esto se aleja cada vez más la autosuficiencia y seguridad alimentaria: problema histórico que ha sumergido en la miseria a 75% de los habitantes del medio rural en México.
4 mil núcleos agrarios afectados
Además, este ajuste del presupuesto para 2015, conlleva otra problemática de la que muy poco se ha hablado. Dicho por el propio procurador agrario, Cruz López Aguilar, “la intervención de la procuraduría en materia energética en el nuevo marco reglamentario (motivado por la Reforma Energética) enfrenta el reto de transitar del diagnóstico e información sobre propiedad social susceptible de ser afectada por la explotación y uso de suelo, con lo que se han identificado cerca de 4 mil núcleos agrarios (alrededor de 20% del total) que pueden demandar servicios de asesoría y representación legal.
“Así, también, coadyuvar en la negociación justa de contraprestaciones relativas a los pagos en materia de propiedad social, presidir asambleas generales de ejidos y comunidades, conciliación y arbitraje en conflictos agrarios y capacitación, para lo cual se requiere mayor presupuesto para 2015, cuya propuesta prevé 992.8 millones de pesos, pero se requieren mil 417 millones de pesos para atender esas nuevas funciones”.
Y esto trae a colación un dato que revela la realidad de los campesinos afectados por las concesiones, en este caso mineras, a los que las compañías les pagan una renta de 124 pesos por hectárea al año; así lo establece la Ley.
Lo que sucede en la minería es un claro ejemplo del futuro que le espera al país, y en particular al campo. Con cifras a 2010 (Camimex), este sector invirtió 3,316 millones de dólares y obtuvo un valor de la producción por 13,900 millones de dólares, es decir, sus ganancias significaron tres veces la inversión.
Opacidad
Pero estos temas se ven opacados en los medios por la coyuntura noticiosa del extremo de la inseguridad y la barbarie, personificados en los casos de la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y 43 estudiantes desaparecidos y seis asesinados, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hace 25 días; información a la que el propio Gobierno le imprime relevancia, poco creíble por cierto, en su discurso, pero no solución, y que mantiene ocupadas a la prensa y la opinión pública en ella como el punto fundamental para acreditar la democracia y la justicia del régimen mexicano.
El caso de los normalistas toma dimensiones de protesta nacional, en la que los jóvenes estudiantes son los protagonistas, como sucediera en 1968, pero ya se dejan ver ciertas inconformidades de algunos sectores de la sociedad por las manifestaciones que interrumpen el tráfico de la capital del país, en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, así como el esclarecimiento y castigo a los responsables de dicha agresión.
Ese es un componente básico de la estrategia del estado, prolongar la solución del problema, que generalmente nunca llega, para desgastar los mecanismos de protesta y exigencia de justicia de los afectados, como son las manifestaciones masivas, de tal manera que por su forma de expresión y la falta de conciencia del grueso de la sociedad, ante este tipo de situaciones, se aíslen y pierdan la solidaridad y apoyo de la población, con lo que, también, acotan su fuerza.
En 1968 la estrategia culminó con la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, con lo que el Estado disolvió la protesta y el Gobierno logró su objetivo de tener “unas Olimpiadas en santa paz”.
En los días corrientes la estrategia está por llegar a su etapa más álgida con las manifestaciones en apoyo a Ayotzinapa, que este miércoles (22) da una muestra de fuerza extraordinaria con una megamarcha que culmina en el Zócalo de la Ciudad de México, sin que ello garantice la respuesta favorable por parte del Gobierno a dicho caso. Y, mientras, el despojo, y entrega al capital extranjero, de las riquezas naturales en materia energética y las consecuencias de esto para el país, en cuanto a costo social y económico, es un hecho irreversible.
