Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PEREZ
Vaya con las situaciones de justicia miope en nuestro México globalizado. Ahora resulta que, para esperar el esclarecimiento de los homicidios, la víctima debe contar con un historial inmaculado en sus días de vida, a los ojos de las autoridades judiciales; de lo contrario no vale la pena para esas instancias de gobierno realizar una indagatoria conforme lo dictan las leyes respectivas, en las que prevalezca el respeto a la dignidad y derechos humanos del asesinado o asesinada y a la par de esto el cumplimiento de su deber de manera imparcial, expedita y oportuna.
Más grave resulta el hecho de que los gobernantes no pierdan oportunidad, en su ansia y desesperación por ganar protagonismo en tiempos electorales, para salir a los reflectores con la careta de Damocles para corregir discursivamente los errores de sus empleados indolentes y seguramente ignorantes a modo, que victimizan a las víctimas para desacreditar los casos y minimizar los hechos.
Con tal actitud justiciera los gobernantes abrigan la idea que en la sociedad quedará fija esa imagen de autoridad justa, dura, impecable, solidaria, contundente en el combate al crimen, la impunidad y la intolerancia. Claro todo esto en el discurso, porque la realidad demuestra lo contario con creces. Y este hecho incluye a los tres niveles de Gobierno de nuestro país.
Es precisamente por este teatro de la simulación, horror e impunidad en la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos en México, que nuestro país se inserta lamentablemente en lo que la Organización Mundial de la Salud califica como epidemia: la comisión de homicidios sin castigo.
En febrero, Mariana Kaipper, del Banco Mundial publicó en el sitio de esta institución financiera un artículo en el que citó: “se estima que al año hay más de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes (en América Latina y El Caribe), una estadística que la Organización Mundial de la Salud ya califica como epidemia. Solo 10 países de la región están por debajo de esa cifra.
Y esto no es cosa menor cuando se revisa el caso de una joven asesinada que apreció en una caseta telefónica de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el máximo reciento educativo del país.
Las primeras informaciones que se difundieron fue la versión tuiteada de las autoridades judiciales capitalinas, otra vez las redes sociales y su vacuo contenido. Las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México, afirmaron que la joven asesinada «era alcohólica y mala estudiante», «estaba drogándose con unos amigos», «se había ido de casa y vivía en concubinato con su novio».
Tan apresuradas versiones resultan más que desafortunadas. No tiene sentido salir de manera tan pronta a desacreditar y vandalizar a una víctima más de la inseguridad que se vive en México, a menos que sirva de preámbulo para adornar una posterior declaración que las deplore, las descalifique y prometa castigar a los responsables de su emisión, como lo hizo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, horas después:
“La Ciudad de México no puede tener este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con nuestra política y que nada tienen que ver con nuestro cuidado a las víctimas. Obviamente las instrucciones que tengo precisas en todas las áreas es respeto a las víctimas, respeto a los derechos humanos y por supuesto cuidado a la información. Entonces me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información”.
Y vale decir que este tipo de declaraciones coyunturales se han escuchado hasta el cansancio en el país, sin que haya resultados visibles de su eficacia para resolver los crímenes tan dramáticos como el de la joven de CU. Tal es el caso de las más de siete mil 500 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde de 1993 a la fecha, o a las setecientas y tantas en el Estado de México, o los 43 de Ayotzinapa, y los más de 90 mil crímenes de anónimos, muchos de ellos, registrados en los 17 años del presente Siglo a lo largo y ancho del país, y de los que se dice están vinculados al narcotráfico y crimen organizado, como si por esa razón ya no valiera la pena investigarlos y resolverlos.
Esta situación sólo abona al deterioro de México como nación. Mariana Kaipper precisa en su artículo que “a pesar de los avances económicos de la última década en América Latina y el Caribe, la violencia continúa en alza. Ya sea alentada por el narcotráfico y el crimen organizado hasta robos a mano armada o secuestros, la inseguridad se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo.
“De un tiempo a esta parte se ha puesto de manifiesto que no hay una única fórmula o política ganadora para solucionar esta situación. Más empleos o mejor educación por sí solos no pueden contra este flagelo, sino una combinación de todos y muchos más, adaptándose a la realidad de cada comunidad”.
Sobre este tema cabe citar lo que el Banco Mundial plantea en el estudio Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta:
“Experiencias en Brasil y México apuntan a que la calidad del empleo juega un papel central en la prevención de la violencia, en lugar de la situación laboral en sí. Oportunidades laborales de calidad para jóvenes adultos (que aseguren estabilidad, formalidad, aumentos salariales, progreso y mejora de habilidades) tienen un efecto protector respecto al crimen y la violencia, en especial en los jóvenes quienes pueden sentirse tentados o ejercen su empleo junto a actividades delictivas. Por el contrario, el empleo temprano y de baja calidad es un factor de riesgo debido a su nivel de inestabilidad e informalidad”.
Estas son realidades que no se quieren reconocer en nuestro, ni por los gobiernos ni por la sociedad misma, a la que se le hace más sencillo y cómodo desatar la perorata en las redes sociales con insultos y berrinches contra los funcionarios y gobernantes, con lo que sólo le hacen el caldo gordo a esos expertos de la simulación, pero no se avanza en la consolidación de un sistema de justicia eficaz, expedito y oportuno, que es, precisamente, el meollo de las necesidades fundamentales de nuestro país.
