FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
Hay que poner en el centro la verdad sobre las desapariciones y construir una política para saber quién fue el culpable y qué pasó: Álvaro Martos. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una desaparición: Patricia Pérez. /FLACSO
Ciudad de México.- La falta de información sobre los desaparecidos en México es sistemática y cuando hay es poco verídica, segmentada o auditable. Este hecho, aunado a la impunidad es el principal motivo que impide una operación eficiente en la búsqueda, en la aplicación de justicia y reparación, así como en las acciones que emprenden los miembros de la sociedad civil y las mismas autoridades.
Así lo evidenciaron académicos, miembros de asociaciones civiles y funcionarios públicos que se dieron cita el pasado 16 de noviembre en la Flacso México en el foro ¿Qué sabemos sobre desaparición en México? quienes coincidieron en que “sabemos más sobre la víctima y poco o nada sobre los perpetradores”.
En la primera mesa, el investigador de El Colegio de México, Jacobo Dagoyán dijo que el Estado ha sido incapaz de tener un registro de desaparecidos y ha negado el derecho a la verdad. Incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad, representada por Patricia Pérez, se asume que el registro actual de desaparecidos “no permite saber quiénes son las personas desaparecidas, pues es muy deficiente”.
Los especialistas señalaron que el problema de la falta de información aumenta exponencialmente con lo que Volga de Pina llama una “desaparición administrativa”, en la que las víctimas vuelven a desaparecer en la inoperancia de las instituciones, en los trámites burocráticos y en la “pulverización de la información”. “La política está diseñada para permitir que no suceda nada”, aseveró la representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Ejemplo de ello es que, desde el Ministerio Público, las desapariciones se investigan por el delito de privación ilegal de la libertad y eso evita que se detonen los protocolos adecuados, “las desapariciones no se pueden seguir de oficio, las personas no van a ser localizadas desde los escritorios sin un plan de política criminal”, explicó César Contreras de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Desde la gestión veracruzana, el Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la entidad, Luis Eduardo Coronel dejó más claro lo que en el seminario se debatió: cuando él tomó la Fiscalía había cifras oficiales de 500 desaparecidos mientras que los registros y expedientes hablaban de más de tres mil.
Coronel denunció que durante la gestión del ex gobernador Javier Duarte fueron tomadas las muestras genéticas de los cuerpos, “pero no se extrajeron los perfiles genéticos para hacer el cruce con los familiares y los cuerpos fueron arrojados a la fosa común sin tener los datos necesarios para ser identificados”.
Al respecto, la ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela Buitrago, dijo que el primer paso para dejar de re-victimizar a quienes han sido víctimas de desaparición es que el Estado acepte el problema. “Debe dejarse de lado la esquizofrenia absoluta del Estado y la bipolaridad en todas las entidades del país con una burocracia pasmosa”, consideró.
“Nos encontramos con un sistema que nos pone muro tras muro para impedir el acceso a los expedientes”, declaró la investigadora de la Flacso México y del IIJ de la UNAM, Karina Ansolabehere, con lo que coincidieron incluso las voces de la Comisión Nacional de Seguridad al confirmar que “son los familiares y los colectivos de la sociedad civil quienes nos han brindado la información más verídica”.
Esta circunstancia fue cuestionada por Buitrago cuando aseguró que no es a los familiares a quienes les corresponde dar la información, hacer la búsqueda, ni hacer justicia ni aportar datos que los comprometan a las autoridades porque “ellos lo que deben es estar llenos de miedo”.
Entonces, ¿quiénes son los perpetradores?
“Antes eran Los Zetas. Hoy tenemos documentado también que es el Estado”, sentenció Dagoyán, lo que fue reafirmado por Patricia Pérez: “las desapariciones de hoy no son como las de años atrás. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una desaparición” sin saber quién fue, lo que derriba el mito difundido oficialmente de que quienes desaparecen “andaban en algo raro”.
Volga de Pina respondió que “no sabemos quiénes son los perpetradores, pero hay que saberlo ya” y continuó: “hay muchas cosas que hoy no sabemos y no sabemos si algún día las vamos a saber”.
Al respecto Juan Carlos Gutiérrez de IDHEAS aseguró que las desapariciones no tienen una causa común y clasificó los fenómenos: las mujeres desaparecidas y los feminicidios que obedecen a un patrón sistemático de discriminación estructural; los migrantes desaparecidos que es quizá en el que más clara se halla la colusión y corrupción; la desaparición forzada por parte del Estado; y la desaparición realizada por el crimen organizado.
A esta idea se sumó Michael Chamberlain del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios quien puso sobre la mesa la desaparición como un negocio: “Cuando descubrieron que había más opciones que las drogas, comenzaron la extorsión y la trata. La violencia que vivimos no es porque se estén peleando entre sí, es porque hay un negocio detrás que genera ganancias y utilidades al crimen organizado, al gobierno y a las empresas”, expresó.
El ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera marcó su participación con dos sentencias definitorias: “la causa eficiente de la crisis humanitaria en la que hoy estamos en México se llama Felipe Calderón y su guerra contra el narco” aunado a que “la impunidad no es generalizada en el país, es prácticamente absoluta”.
Estrategias y alternativas
Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición de Personas e Impunidad, aclaró que hay que adoptar los más altos estándares internacionales a la hora de definir desapariciones para poder separar entre las criminales, las forzadas y los extravíos. También hizo un llamado para colocar a las víctimas en el centro de cualquier alternativa que lleve a la justicia transicional. Asimismo, enfatizó en la prioridad de brindar “información confiable, auditable, de calidad y con acceso para todos”.
Para Karla Quintana, directora de Asesoría Jurídica Federal sería fundamental empezar por lo más básico: “definir qué es una violación grave a derechos humanos” pues dijo que gran parte del problema está en las Fiscalías, en el desacuerdo y las variantes de líneas a seguir, así como en investigaciones que no pueden llegar a una resolución. Mencionó que solo existen 11 sentencias sobre desaparición y de ellas una sola ha sido juzgada.
Esta cifra deja clara evidencia sobre lo expuesto la mañana de ayer en el foro ¿Qué sabemos sobre la desaparición en México? convocado por el Observatorio sobre Desaparición de Personas e Impunidad de la Flacso México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford; el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
