Por Ernesto Perea* ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
En territorio mexicano 70% de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, sin embargo han sido ignorados y discriminados en el proyecto de Ley Forestal que se discute en el Senado mexicano, por lo que organizaciones indígenas y campesinas solicitaron hace unos días formalmente a los legisladores realizar una Consulta Indígena y Campesina en torno a esta iniciativa y solicitaron a la ciudadanía apoyar este planteamiento a través de la plataforma digital change.org (http://bit.ly/consultaleyforestal).
Ante el riesgo de que mañana se pueda aprobar “al vapor” en las comisiones de medio ambiente y estudios legislativos, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), la Red Indígena de Turismo de México, la Unión de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO), Bosques y Gobernanza (Chiapas), la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (Vearcruz) y la Iniciativa Campesina Durango Nuestra Tierra, hicieron un llamado a los senadores para que no se apresuren y que abran el proceso de consulta y se incluya en el análisis y discusión de la minuta a la Comisión de Desarrollo Rural.
En el Senado de la República, los legisladores Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo se comprometieron a impulsar la Consulta Indígena y Campesina que promueven las organizaciones indígenas y campesina.
El senador Benjamín Robles expresó su respaldo formal a la solicitud de consulta “porque es un acto de congruencia social y política”, ya que argumentó que la propuesta está totalmente fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversos acuerdos y tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas o el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Ley Forestal vigente que se pretende actualizar.
Las organizaciones advirtieron que si aprueba la iniciativa de Ley en los actuales términos se perderá la oportunidad de incluir muchas de las propuestas de los poseedores de los bosques y habrá retrocesos en materia de derechos y transparencia, además de que no se está dando el tiempo suficiente a los legisladores para conocer el nuevo dictamen que se empezó a circular el viernes por la noche y que contiene más de 150 artículos.
Aún cuando el dictamen en cuestión incorpora muchas propuestas de las organizaciones, se mantienen aspectos regresivos muy preocupantes:
Se elimina de los objetivos generales de la Ley el “…Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas…” en términos del artículo 2º Constitucional.
Se eliminan las facultades Consejo Nacional Forestal de supervisión, evaluación y vigilancia y lo dejan solo como un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento.
El Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano se degrada a un órgano consultivo con lo cual la sociedad civil pierde la posibilidad de incidir directamente en la transparencia del manejo de recursos.
Además, indicaron que en materia de equidad, se pierde la oportunidad de fortalecer el Manejo Forestal Comunitario a través de un programa específico, lo cual es inequitativo ya que sí hay un Programa de Plantaciones Forestales con fines comerciales.
El presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red-Mocaf), Gustavo Sánchez, expresó que “nos indignamos mucho cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un acto de discriminación, pero aquí en México muchos de los funcionarios públicos están discriminando a los pueblos indígenas y comunidades indígenas al no respetar sus derechos”.
Félix Ruíz, Presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A.C, (UCOSIJ) del estado de Oaxaca, que representa a 35 comunidades indígenas de la Sierra Juárez perteneciente a las etnias Zapotecas y Chinantecas, señaló que en la discusión de esta iniciativa de Ley no se respetaron sus derechos, por lo que solicitó “ser tomados en cuenta en este proceso ya que tiene que ver con la forma de vida que llevamos diariamente e indicó que la Ley General de Desarrollo Forestal vigente incluye una salvaguarda fundamental: el Consentimiento, Libre, Previo e Informado de ejidos y comunidades (art 134 bis de la LGDFS)”.
En su intervención Baltazar López Santos, presidente de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO), reiteró la solicitud de realizar la Consulta Indígena y Campesina.
Por su parte Ricardo Campos de RITA informó que la solicitud formal de la Consulta Indígena y Campesina fue entregada el pasado 30 de agosto del año en curso, al presidente de la Mesa Directiva de la LXII del Senado de la República y a los presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Estudios Legislativos primera y segunda, Población y Desarrollo y las Comisiones especiales de Cambio Climático y Sur-Sureste de la H. Cámara de Senadores.
Tras señalar que proteger los derechos de indígenas y campesinos es salvaguardar los bosques y selvas de México, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a firmar esta petición de consulta en la plataforma change.org, ya que, aunque muchos senadores están convencidos de aprobar la Consulta Indígena y Campesina, “necesitamos que la mayoría de los senadores digan Sí a la Consulta y siendo ellos nuestros representantes, todos los ciudadanos podemos pedirles que lo hagan”.
Las organizaciones reiteraron estar convencidas “de que en una Nación que se define como pluricultural, la construcción de las leyes no puede excluir ni discriminar la visión de los indígenas y campesinos, y por eso es necesario que se realice la consulta con estas comunidades”.
Ante la posibilidad de que en la próxima sesión de Comisiones Unidas de medio Ambiente y estudios Legislativos, se apruebe el dictamen en sus actuales términos señalaron lo siguiente: reconocemos que se han incluido muchas de nuestras propuestas pero no podemos dejar de señalar que el dictamen tiene aún muchos aspectos regresivos en materia de derechos y una cosa es que se violen los derechos de participación de indígenas y campesinos y otra es que no lo señalemos; no podemos sumarnos a los aplausos ante un retroceso en participación social de cuando menos 25 años.
*Ernesto Perea es director general del portal especializado en temas agropecuarios Imagen Agropecuaria.
