Por Walter Ramírez Aguilar ⁄ FOTO: Ixbalanqué DANELL PÉREZ
e-Legislativo.mx.- La publicidad gubernamental tiene que ser regulada. Hoy existe un sobre ejercicio en su presupuesto y el gasto erogado no es transparente. Hay opacidad y su ejercicio arbitrario pone el riesgo la libertad de expresión.
Y aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene que emitir la ley reglamentaria sobre gasto gubernamental en comunicación social, a más tardar el 30 de abril de 2018, la verdad es que los legisladores pueden no acatar la instrucción que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el pasado 15 de noviembre, y continuar en desobediencia y hasta convocar a un periodo extraordinario de sesiones para crear la reglamentación referida.
Y aunque por su desacato cabe la posibilidad que una jueza federal requiera a los presidentes de ambas Cámaras, para eventualmente destituirlos y consignarlos penalmente, el ánimo de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el de ir adelante con esta reglamentación y dejar las reglas claras. No obstante, hay voces que afirman que persiste la simulación.
Vale la pena recordar, que es la primera vez en la historia del país que la Corte ordena al Congreso Federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
La sentencia de la Primera Sala provino luego de que el Congreso incumplió el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014 cuyo propósito fundamental fue el de “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, en todos los niveles de Gobierno”.
Circunstancia que no se cumple de acuerdo a la opinión del diputado panista Jorge Triana Tena, quien sostiene que el manejo de la publicidad gubernamental hoy: “es una tomada de pelo, nosotros metemos el presupuesto, metemos un monto por secretaría incluso colocamos más en algunas como en la de Turismo, pero la Secretaría de Hacienda hace lo que se le da la gana y hace transferencias como mejor le conviene, nunca, en este gobierno, se ha respetado lo que mandata la Cámara de Diputados a través de este decreto de presupuesto; esto no es discrecionalidad, es una anarquía presupuestaria”.
De igual forma se expresa la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del PRD: “el Gobierno de Peña Nieto ha sobre ejercido el presupuesto para la publicidad gubernamental en un 70 por ciento por lo menos. Consideramos que el gasto en publicidad oficial llega a ser de un millón de pesos por hora y si sumamos lo que se han gastado en los últimos cuatro años, tenemos que la cifra es similar a lo que se invertirá en la reconstrucción de la Ciudad de México, luego del temblor de septiembre pasado”.
Sin embargo, para ambos legisladores más preocupante que el monto ejercido y la discrecionalidad con que se aplica, resulta el hecho de que la libertad de expresión se acota, se amenaza…
A decir de la organización Artículo 19, “la ausencia de esta regulación (a la publicidad gubernamental) propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social”, lo que constituye “un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”.
Al igual que los legisladores, esa organización social considera que la selección de medios de información por encima de los que mantienen una línea crítica pone en riesgo la libertad de expresión ya que a los fustigadores se les restringe su derecho y a los que favorecen el discurso oficial se les llena de dinero.
Gaytán Hernández y Triana Tena consideran que el gobierno federal es opaco en el manejo de ese presupuesto.
“Tienen que haber controles al respecto; tiene que haber un límite a la actuación de la autoridad”, refiere el congresista albiazul.
Pero además de los millones gastados y los riesgos en los que se pone a la libertad de expresión, ambos legisladores consideran que tampoco hay una estrategia de Estado para realizar la publicidad gubernamental.
“El gobierno ha utilizado la publicidad gubernamental para intentar recomponer su maltrecha imagen, no le interesa que su proyecto de país permee en la sociedad, no le ha interesado, efectivamente, promover con profundidad la imagen de México en el extranjero”, acusa Triana Tena.
Cristina Gaytán considera que al gobierno federal sólo le interesa la promoción de su imagen. “El gasto publicitario sobre el patrimonio cultural, por ejemplo, es exiguo. El presupuesto se ocupa para promoción o para subsanar hechos cometidos por el gobierno. Hay un uso tendencioso”.
Para ambos diputados y sus respectivas fracciones parlamentarias pareciera existir disposición y un buen ánimo para impulsar la reglamentación de la publicidad gubernamental, pero dudan de la actitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que “el tricolor ha querido patear al bote lo más lejos que pueda para evitar esta discusión”.
A decir de la perredista y el panista, la aprobación de esta reglamentación no debería dilatarse ya que “los académicos, los especialistas en el tema ya se han manifestado al respecto igual que la sociedad lo ha hecho…. Hay una visión entre esos sectores de que la publicidad gubernamental ha sido insultante no solo cuantitativamente sino cualitativamente, que se está cayendo en excesos y que se está utilizando con una visión político electoral y la sentencia está dictada. Sólo quedan 15 sesiones para cumplir con el mandato”, sentencia Jorge Triana.
Para Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy diputado priísta con licencia la discusión sobre este tema debe darse en los tiempos que la Suprema Corte ha ordenado. Para él, el PRI tiene toda la disposición para “establecer montos, límites y porcentajes del presupuesto”. Y aun y cuando niega que haya un uso discrecional de la publicidad oficial “bueno, no desde que se regula”, admite que lo que no se debe hacer son promesas y que por ello la Cámara tiene que hacer un trabajo importante revisando las iniciativas que ya hay para concentrar la opinión y las ideas de muchos grupos y sectores de la sociedad que ofrecieron su tiempo y esfuerzo para regular la publicidad oficial.
