FOTO: Eduardo Ruiz en Pixabay
Por Luis Hallazi Méndez*
alai-amlatina, 23-marzo-2020.- La paradoja de los pueblos indígenas ha sido sobrevivir a epidemias sin provocarlas, lo han venido haciendo desde la llegada del Imperio español que trajo consigo la viruela, la gripe y el sarampión que provocó el colapso de la civilización amerindia. Además de resistir a otros “virus” sociales como el colonialismo, la esclavitud y el racismo como formas de control, las epidemias foráneas han sido una constante. La historia republicana, no fue la excepción a epidemias como la fiebre amarilla, malaria o cólera focalizadas en población nativa y originaria, que se alternaron con la explotación esclavista y extractiva como ocurrió en la época del caucho, donde se calcula que murieron cuarenta mil indígenas y otros miles fueron desplazados. Es tan grande la discriminación que hay poca información sobre los impactos de infecciones foráneas a poblaciones indígenas a lo largo de la historia de Perú y Latinoamérica.
La historia reciente sigue escondiendo diversos mecanismos de explotación hacia los pueblos indígenas y hacia la naturaleza que se dan por la sobre explotación de recursos naturales que continúan dejando una huella violenta en territorios indígenas. Recordemos la exploración del proyecto de gas de Camisea a inicios de los 80, hecha por la multinacional Shell, que llevó a la muerte de la mitad del pueblo Nahua, debido a la alta vulnerabilidad de su sistema inmunológico. En el Perú hay aproximadamente diez pueblos en aislamiento voluntario en circunstancias similares, cuya manera de protegerlos por parte del Estado, sigue siendo insuficiente y las pocas medidas implementadas son constantemente quebrantadas por normas de excepción a favor de actividades extractivas.
De la misma manera, las cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas de nuestro país han estado expuestas a la intromisión de empresas extractivas en sus territorios, que de acuerdo con su codicia han ido modificando y destruyendo ecosistemas enteros, generando impactos irreversibles. Nuevas investigaciones científicas vienen corroborando la relación que existe entre dicha destrucción y nuevas mutaciones de virus, producto del hacinamiento de diversas especies animales en espacios reducidos por efecto de la deforestación o contaminación de ríos y suelos. La historia del ébola y ahora el Covid-19 tiene relación con estas alteraciones a los ecosistemas[1].
Hoy estamos en medio de una cuarentena planetaria para evitar más contagios del Covid-19, a la que nuestros sistemas sanitarios no podrían resistir, donde si bien las poblaciones rurales son las menos expuestas, son sin duda las más vulnerables. Es el caso del Estado peruano es poco lo que podría hacer al respecto si la epidemia llegará a la Amazonia o a zonas alto andinas. A esa situación hay que agregarle la irracionalidad del poder fáctico que socava nuestro débil Estado, cuando el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional para detener el brote del Covid-19 es burlado por las empresas extractivas de minerales y otras, que no lo acataron y al día siguiente lograron corregir el decreto para que se exceptuara la actividad minera. Esa es la historia reciente del Perú: la excepción a la norma para favorecer al poder corporativo, aunque haya vidas en riesgo.
Tomemos en cuenta que dentro del 35% de las tierras de comunidades campesinas se explora y explotan recursos mineros. Muchos de los campamentos están alejados, como también lo están las comunidades, sin embargo, el personal que trabaja allí, tiene una alta movilidad. Lo mismo ocurre en la cuenca amazónica donde el 12% del territorio está destinado a concesiones de hidrocarburos, que se superponen a 412 comunidades. Un brote del virus en estas zonas donde no existe un sistema de salud o el que existe se reduce a una posta médica, sin insumos ni personal sanitario, sería catastrófico para esas poblaciones.
Los límites de nuestro Estado en esas zonas se hacen notar por ejemplo respecto al subsidio de S/ 380 donde solo se cuenta con información para la población urbana en pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de su Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH), mas no para la población de las comunidades campesinas y nativas. Lo que nos demuestra que las herramientas para proteger a los pueblos indígenas siguen siendo insuficientes y limitadas, puesto que no se trata tan solo de traducir información en las 48 lenguas indígenas, lo cual es importante, sino en asegurar que esa información en su lengua materna llegue y se entienda en dichas poblaciones.
La actual situación de pandemia ha desnudado por completo la fragilidad de nuestro Estado y la perversión del sistema capitalista en su versión neoliberal. La pandemia del coronavirus extendida por todo el planeta nos hace vulnerables a todos y todas en cualquier rincón del mundo, lo que no debe confundirse con no reconocer la alta vulnerabilidad por la situación de exclusión histórica de los pueblos indígenas, población que se entiende como parte de la naturaleza, y que guarda en su conocimiento secretos para hacer frente a las múltiples crisis del futuro inmediato, sea sanitario, ambiental, climático o pandémico.
Lo que estamos viviendo hoy en nuestro aislamiento social no tiene parangón, nunca ante en la historia de la humanidad tanta gente sana tuvo que internarse en sus viviendas para evitar el contagio de un virus, aún no es tiempo de evaluaciones, pero sin duda, ésta es la oportunidad para enfrentar otro futuro posible. Lo cierto es que no podremos volver a la normalidad de nuestra anterior rutina de consumo desbocado a costa de la destrucción de la naturaleza, porque ese precisamente es el problema y si logramos entender lo que nos estamos jugando, otra paradoja está a punto de cumplirse: el fin del modelo neoliberal que padecemos y posibles mejoras ecológicas.
*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. luis.hallazi@gmail.com
