Por Juan Danell Sánchez
La puerta quedó abierta de par en par -como dice la voz común- empujada por una corriente invernal que no llega a ser aire frío propio del temporal, aunque así lo presuma. Aquí lo que cala en esta incomodidad, es que por conchudo al momento de asegurar la cerradura de la hoja de entrada, que a la vez es salida, se coló impune ese airecillo fachendoso artillado con el ya clásico Próspero Año Nuevo, 2020 para esta ocasión. Como si con ello quedara justificada su fechoría y arbitrariedad.
Busca encontrar buen puerto a su desgastada y hoy pretendida verdad de que veinte veinte suena bien por su fonética, que se antoja como algo armónico al decirlo, y con un poco de imaginación hasta pudiera llegar a cabalístico si se parte de los anuncios fatuos amoldados por el Gobierno federal y los grandes empresarios de las ramas productivas importantes para el crecimiento económico y desarrollo del país.
Tres novedades coyunturales desde el discurso, entiéndase de palabra, son las que constituyen el pletórico buenaventura del veinte veinte: los dueños del capital firman un acuerdo con el Gobierno federal mediante el cual anuncian una inversión de 859 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura en algunas partes del país, para lo que resta del sexenio actual, y dicen que se sumaran otros si las políticas públicas les son favorables.
Dos, las mineras le dicen al Ejecutivo federal que tienen y están dispuestas a invertir, mientras dure su administración, 24 mil 200 millones de dólares, es decir, alrededor de 484 mil millones de pesos, esto siempre y cuando el Gobierno les garantice condiciones que protejan y aseguren sus dineros. Obvio, sus ganancias.
Tres, el veinte veinte, arrancará, como aquel histórico 1994, con un tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá como socios, consecuencia del que firmó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en aquellas fechas y que prometió las perlas de la virgen para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y esas joyas nunca llegaron a ser cuando menos frijoles agorgojados. Lo mismo promete el Gobierno de hoy con el actual acuerdo comercial conocido como T-MEC, por sus siglas en lenguaje Trump.
El año que arranca en las mismas fechas que esta publicación, dicen los funcionarios y empresarios verán una actividad económica que generará alrededor de 350 mil empleos directos, con inversiones por 431 mil millones de pesos ejecutadas en 72 proyectos en este veinte veinte.
Escrito en el Acuerdo, queda establecido que las obras están clasificadas por sectores, correspondiendo la mayor parte al transporte, y de este rubro a carreteras. Queda así: transporte, 101 que se desglosan en carreteras, 42; ferrocarriles o trenes suburbanos, 8; puertos, 22; aeropuertos, 29. Telecomunicaciones, 4; agua y saneamiento, 12; turismo, 15; salud, 1; otros, 1. Para estos rubros en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se presupuestaron siete billones de pesos.
Y aunque valiosas estas aportaciones suscritas como compromisos, no se puede soslayar la urgencia de México por lograr la autosuficiencia de alimentos, toda vez que en la actualidad se importa 50 por ciento de lo que consumismos y este tema está proscrito de las proyecciones y planes inmediatos y de mediano y largo plazos. Para el vente veinte, el recorte presupuestal a la producción de alimentos es de 60 por ciento en números redondos.
El panorama en este sector es desolador: mayor pobreza, abandono de tierras, migración y fractura productiva en el abasto del país. En consecuencia, mayor dependencia del mercado internacional de alimentos, léase de Estados Unidos, a precios y estándares del vecino del Norte, algo que ya conocemos a plenitud y sus consecuencias en México con los 26 años del TLC.
Y para no errarle, por aquello de que no lo dije así, aquí la postura de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en cuanto a sus condiciones para invertir:
Solicitó para 2020 (veinte veinte) la eliminación de desincentivos fiscales, el otorgamiento de deducciones de impuestos y la devolución expedita del IVA, como mecanismos para apoyar al sector en su objetivo de fortalecerse como palanca del desarrollo del país.
Indica que se requiere de una Política Pública que sea promotora del aprovechamiento de la riqueza geológica que tiene el país y que genere confianza entre los inversionistas, mediante diversas acciones.
En su documento Retos de la Minería en México, propone la deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración en el año en que se erogan, como se hace en todos los países mineros.
Entre la eliminación de otros desincentivos fiscales, también se ubica una devolución expedita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y continuar con la compensación universal de impuestos para contribuyentes mineros certificados y cumplidos.
Adicionalmente, la CAMIMEX pide blindar la actividad minera contra impuestos municipales y/o estatales que interfieren con los alcances federales que tiene la Ley Minera.
Propone la firma de pactos de estabilidad fiscal que den certidumbre a los inversionistas al congelar las contribuciones fiscales a 15 o 20 años como se hace en países de Sudamérica.
De la misma manera, considera que se eliminen desincentivos, y que se conceda la deducción de la obra minera en el periodo fiscal en que se eroga.
Destaca la importancia de la minería en la aportación fiscal del país, pues en 2018 pagó impuestos por 46 mil 993 millones de pesos, de los cuales 33 mil 997 millones de pesos correspondieron a Impuesto sobre la Renta (ISR), 9 mil 176 millones a derechos superficiales y 3 mil 840 millones de pesos a nuevos impuestos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No menciona utilidades, ganancias. Tampoco dicen que afectarán a extensas regiones de los pueblos originarios de este país, mismos que se oponen rotunamente a la explotación minera, por considerarla una actividad depredadora de la naturaleza.
Y por cierto, dentro del grupo de los empresarios que dicen van a invertir y con ello llenan el ojo al Gobierno, cuando menos eso es lo que se deja ver, la firma de las modificaciones del Tratado México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), fue un mal negocio equiparable con las ventas del generalísimo Antonio de Padua María Severiano López de Santa Anna y Pérez de Lebrón (1794-1876), aseguran.
La historia da cuenta de que en vísperas de la entrada en vigor del TLC, el último año de gobierno de Salinas de Gortari, los empresarios se decían satisfechos, a secas, con el acuerdo comercial. Los productores del campo no ocultaron su desacuerdo por la asimetría de este sector mexicano con los de USA y Canadá, y el 1 de enero de 1994 el artificio de la insurrección, de la guerra, hizo gala en el escenario nacional. Una escaramuza que no detuvo el tren del libre comercio y la globalización de la economía en condiciones totalmente desventajosas para los mexicanos, que lamentablemente nunca hemos sabido, ni querido por apatía, cerrar bien y a tiempo la puerta.
Dicen que la historia es cíclica ¿Será?
